La sociedad aragonesa está desconcertada por los graves casos de corrupción recientemente destapados por la acción judicial. La situación se agrava por la inacción del Gobierno de Aragón, que se niega a asumir sus responsabilidades políticas en los hechos. Hoy, más que nunca, es necesario llevar hasta sus últimas consecuencias las exigencias de la transparencia de la administración y el funcionamiento democrático de las instituciones. Y el cambio puede empezar en Europa.
Miguel Martínez Tomey ha explicado que “es necesario establecer a nivel europeo mecanismos de control e intervención pública para corregir tendencias indeseadas del mercado y burbujas especulativas, especialmente en los ámbitos financiero, inmobiliario y de materias primas, así como en los fuertes desfases entre los precios de bienes básicos, como los de los productos agrarios en origen y en su venta al consumidor final.
También CHA se ha referido a proporcionar a todos los ciudadanos y ciudadanas acceso directo a la información sobre los debates europeos. Del mismo modo es necesaria la elaboración de una Carta europea de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante la Administración: derecho a audiencias, acceso a información, tramitaciones cortas, ventanillas únicas, comunicación de actos, etc.
[…] También CHA se ha referido a proporcionar a todos los ciudadanos y ciudadanas acceso directo a la información sobre los debates europeos. Del mismo modo es necesaria la elaboración de una Carta europea de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante la Administración: derecho a audiencias, acceso a información, tramitaciones cortas, ventanillas únicas, comunicación de actos, etc. […]
Estoy de acuerdo Adrián, pero ayer en el Ayuntamieto de Zaragoza, Chunta Aragonesista votó a favor de la recalificación de suelos de las oficinas del Real Zaragoza, para construir un edificio detrece plantas con setenta y cuatro piso de precio libre.
¿Cómo se entiende ésto?