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CHA ha presentado un manifiesto por la financiación justa y equitativa en los ayuntamientos del medio rural que ha sido elaborado por los Alcaldes y Alcaldesas de CHA en Aragón y con el que se quiere dar a conocer a la ciudadanía los graves problemas a los que se enfrentan los municipios debido a la falta de financiación adecuada.

Pueblos de AragónLa Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado además que “a través de este manifiesto también vamos a presentar iniciativas en las instituciones para reclamar al gobierno estatal un cambio en el modelo de financiación que asegure que los ayuntamientos puedan hacer frente a los gastos corrientes y a las inversiones para sus proyectos”. Nieves Ibeas ha reclamado “una financiación que asegure la calidad de vida en el medio rural. Teniendo como referencia la distribución geográfica en Aragón, somos conscientes de que el modelo de financiación es especialmente agresivo con nuestro territorio”.

Por su parte, el Vicesecretario General de CHA, Gregorio Briz, ha explicado que con este manifiesto se reclama un fondo anual para los pequeños municipios que no sea inferior a 365 euros por habitante. Este objetivo podría conseguirse si el Fondo Estatal de inversión local se convirtiese en un fondo estructural permanente. Además también se reclama un aumento de la inversión destinada por el Gobierno de Aragón a las comarcas, y que las subvenciones destinadas a los ayuntamientos sean al 100% ya que el pago de un porcentaje de la misma desde la institución genera más endeudamiento municipal.

TEXTO del Manifiesto:

Los ayuntamientos vienen prestando cada día más servicios públicos, obligados por factores novedosos como la propia evolución de los hábitos sociales. Las infraestructuras y los servicios públicos son cada vez más necesarios y diversos, pero los poderes del Estado parecen olvidar que éstos resultan más costosos en el medio rural, sobre todo en los pequeños ayuntamientos que, aquejados de despoblación, envejecimiento y dispersión geográfica, aspiran a alcanzar niveles de calidad de vida y de bienestar idénticos a los del medio urbano y la consecución de estos objetivos impedirán incrementar la sangría demográfica de la última mitad del siglo pasado.

La política estatal de financiación está siendo contradictoria, ya que favorece especialmente a las grandes ciudades, ya que perciben de media por habitante más del doble que los pequeños entes locales. Barcelona recibió el pasado ejercicio 584 euros por habitante, Madrid 432, Málaga 362, mientras que la media de los pueblos es de 150 euros, cifra esta última absolutamente insuficiente para hacer frente a los servicios ofertados y su adecuado mantenimiento.

La situación de las arcas municipales, por lo tanto, es de un elevado nivel de endeudamiento y de morosidad, con repercusiones directas e indirectas en las empresas privadas y el mantenimiento del empleo. Este injusto sistema de reparto del dinero del Estado dificulta la autonomía financiera de los pequeños ayuntamientos, especialmente en momentos de crisis como la actual, en que disminuyen los ingresos relacionados con la actividad inmobiliaria.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no resuelve esos problemas, por un lado da alas a la capacidad de endeudamiento al Estado y CCAA, pero por otro sigue siendo restrictiva y cicatera con los ayuntamientos, y el procedimiento marcado por esta ley hace más difícil la situación financiera de los Ayuntamientos.

El actual sistema de subvenciones resulta ser una maraña burocrática en la que se pierde más de una quinta parte del dinero público, eso sin contar el clientelismo y el sectarismo con que se suelen repartir las subvenciones de la DGA. Este sistema de funcionamiento afecta seriamente a la autonomía financiera de los entes locales, que ven cómo el 55 % de sus presupuestos procede de fondos externos con carácter finalista.

Las subvenciones desvirtúan las necesidades reales de nuestros ayuntamientos y suelen incrementar el gasto corriente con la creación de nuevos servicios, en algunos casos prescindibles, que acaban atendiéndose en detrimento de otros imprescindibles. Por no hablar del duro y estricto procedimiento que marca la ley para acogernos a cualquier subvención, en las condiciones, en su justificación, y que tiene reflejo, como es obvio, en los programas que emiten TODAS las instituciones. Es necesario superar la política de subsidios para construir calles, abastecimientos, alcantarillados o alumbrados públicos, al tratarse de servicios básicos.

El medio rural aragonés sufre, además, la gestión deficiente de un Gobierno de Aragón que presta unos servicios básicos (salud, educación, transporte…) totalmente insuficientes para garantizar un notable nivel de vida y que, además, es incapaz de ofertar planes y propuestas concretas que, alejados de megaproyectos inverosímiles, sirvan para apoyar la vida en los pueblos. Todo esto se sustancia en la falta de dotación económica a los Consejos comarcales desde hace cinco años. En este sentido hasta el propio Consejero de Política Territorial, Justicia e interior del Gobierno de Aragón ha reconocido que el presupuesto de las comarcas no ha aumentado en cinco años, ni tan siquiera el IPC, que hubiese supuesto un 20% de incremento en los presupuestos de las comarcas, que se hubiese traducido en más y mejores servicios para los municipios. Todo esto se agrava, ya que las comarcas ofrecen servicios que ni tan siquiera tienen transferidos. Esta situación exige la elaboración de una nueva ley de financiación de las comarcas, donde se revise la utilización y carácter del Fondo de Cohesión Comarcal.

El recién aprobado Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno central no resolverá los graves problemas financieros de los entes locales y tampoco favorecerá con ello la generación de empleo, la diversificación económica y el equilibrio territorial, aunque debe servir como modelo para otras subvenciones y para otras instituciones en cuanto al reparto proporcional y equitativo, es decir, la financiación al cien por cien y el anticipo de los fondos a los ayuntamientos, sin obviar que debería estar destinado, prioritariamente, a finalizar inversiones y servicios -presupuestados con anterioridad o no-, cuya puesta en marcha podría generar miles de puestos de trabajo en residencias, escuelas infantiles, centros de día, museos, etc.

Las entidades más representativas de los Ayuntamientos tampoco han sido conscientes de esta situación, ni han planteado soluciones equitativas. En todo caso abierto el debate de la financiación de los ayuntamientos, responsabilidad exclusiva del Estado, según mandato Constitucional, manifestamos y proponemos las siguientes resoluciones:

1. Instamos al Gobierno del Estado que garantice a los pequeños Ayuntamientos un fondo anual no inferior a 365 euros por habitante, por lo tanto que se establezca como norma la discriminación positiva a favor del medio rural y el Fondo Estatal de Inversión Local se convierta en un fondo estructural permanente.

2. Instamos al Gobierno de Aragón que reduzca el Fondo de Cohesión Comarcal y que aumente en la misma los Fondos transferidos directamente a las Comarcas, así como que y actualice para éstas y para el Fondo Local el IPC de los últimos cinco años.

3. Instamos a las Diputaciones Provinciales a reducir el gasto propio, a destinar más recursos para los Ayuntamientos subvencionados al 100%, tanto para gasto incondicionado como para las inversiones de servicios básicos (abastecimiento, alcantarillado, alumbrado y pavimentación) y para la generación de la actividad económica.

4. Instamos a los partidos políticos que abran un debate profundo y valiente, huyendo del clientelismo y el sectarismo, para reconvertir los fondos dedicados a subvenciones para ayuntamientos en fondos de financiación directa de éstos.

Aragón, a 22 de diciembre de 2008.

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