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Vía El Periódico de Aragón

El pleno del Senado tomará en consideración el próximo miércoles una propuesta impulsada por Chunta Aragonesista para expulsar de sus cargos públicos a los imputados por corrupción.

Se trata de una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público que ha sido registrada en la Cámara baja gracias al acuerdo de colaboración política de CHA con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds.

PRISIÓN PREVENTIVA DE CARGOS PÚBLICOS

Actualmente, esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión.

Una situación que, según la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, “permite casos como el de la alcaldesa de La Muela, que tras pagar una fianza millonaria, sigue en su sillón y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo” o de municipios como El Ejido, en Almería.

En una nota de prensa, CHA recuerda que PSOE, PP y PAR se opusieron el pasado 3 de junio a tomar en consideración en las Cortes de Aragón esta propuesta, con “excusas” como la de que el parlamento autonómico no era el foro adecuado.

“Vamos a ver qué hacen estos partidos en el Senado”, ha afirmado Ibeas, para quien “debe ser una prioridad luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si estos resultan insuficientes, hay que buscar nuevas fórmulas, como la que recoge nuestra propuesta para que los jueces puedan apartar inmediatamente de la gestión pública a los corruptos”.

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El Diputado de CHA, Bizén Fuster, ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado hoy favorable a suspender a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción. El Justicia ha respondido así al diputado de CHA, Bizén Fuster, en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.

Fuster ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales están imputados en una investigación judicial por corrupción urbanística, a pesar de lo cual Pinilla sigue al frente del consistorio, tras haber estado unos meses en prisión preventiva y haber salido bajo fianza de 800.000 euros. El mismo caso se ha producido en El Ejido, Almería.

Es decir, el Justicia ha respaldado la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Crimininal para conseguir este objetivo, una iniciativa que, el pasado 3 de junio, los grupos parlamentarios del PSOE, PP y PAR votaron en contra e impidieron que prosperara en las Cortes para que después se presentara ante las Cortes Generales, las únicas competentesa para reformar una ley orgánica comoe s el caso. Tras este rechazo, CHA ha llevado esta iniciativa directamente al Senado gracias a su acuerdo de colaboración política con PSM-Entesa Nacionalista de Baleares, y el pasado 10 de junio quedó registrada en la Cámara Alta.

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