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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON “HISTORIA” HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de “memoria histórica“, y conocer el “pasado” de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Vía Adrián Tello Gimeno

Para este año 2010, el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España creó el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -que venía a sustituir el Fondo Estatal de Inversión Local del año anterior-. 477.727 euros de dicho fondo iban destinados para el Ayuntamiento de La Muela, de los cuales, 381.990 euros correspondían a la inversión mínima y 95.737 euros el límite máximo en gasto social.

Así, el pasado 3 de marzo, el Ayuntamiento de La Muela fue autorizado por el Ministerio de Política Territorial con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteniblidad Local el siguiente proyecto: “Obras complementarias de ampliación de la Residencia de la Tercera Edad”, con un presupuesto de 477.621,06 euros (Continuación de las obras que llevan más de un año paralizadas).

A partir de este momento empezaron las “sorpresas“, cosas que ya no nos deberían extrañar a nadie en La Muela viendo las personas que dirigen nuestros destinos. La Alcaldesa, María Victoria Pinilla Bielsa, salió en Radio Zaragoza (SER), diciendo que el proyecto aprobado en pleno era una Guardería (Escuela Infantil), y no la ampliación de la Residencia. Además pedía a los medios de comunicación que se informaran bien, y que ya valía de meterse con el pueblo de La Muela… La periodista, Marina Fortuño, llamó a la Delegación del Gobierno en Zaragoza, y le volvieron a confirmar que el proyecto aprobado era la ampliación de la Residencia. Luego, la Alcaldesa, para variar, cargó culpas contra alguien, este caso en el Secretario.

Desde entonces hasta el día de hoy ya no hemos sabido nada. No se ha sacado el pliego de condiciones a concurso, no se han adjudicado las obras, y por supuesto, las obras no han comenzado (me refiero a las obras de la ampliación de la Residencia, el proyecto aprobado por el Ministerio de Política Territorial).

Con este lío de proyectos, viendo la manera de actuar del Equipo de Gobierno del PAR en La Muela y sabiendo lo que pasó el año pasado con el Fondo Estatal de Inversión Local, no es de extrañar que este año vuelva a pasar lo mismo, como ya advertimos desde CHA La Muela.

Pd. Ejemplos de gestión “gravemente dañosa” aunque no lo diga la COJA…

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Tras 14 meses de espera, por fin el PSOE y el PAR accedieron a incluir en el orden del día de un pleno la solicitud de CHA para que compareciera Marcelino Iglesias e informara sobre las responsabilidades de su Gobierno y de la Administración autonómica en el caso de La Muela, así como sobre los mecanismos de control de la corrupción.

¿Por qué el jueves 6 de mayo y no hace 14 meses? Quién sabe… No pudo responder a nuestra pregunta el presidente Iglesias porque tomó la decisión de pasarle el muerto al consejero de Presidencia, Javier Velasco, para que afrontara el debate. 14 meses depués, Iglesias volvió a despreciar a la oposición y no se personó en el hemiciclo hasta que no concluyó nuestra intervención. Sobran los comentarios y nuestro compañero Adrián Tello fue testigo mudo de lo sucedido en el Pleno desde el público.

Partimos de la idea de que la mayoría de los cargos públicos son gente honrada, de que la actividad política debe basarse en el principio del servicio a la sociedad, y de que la democracia se fundamenta en la división de poderes. Estamos absolutamente de acuerdo con todo ello. Así que, ¿por qué se siente el Gobierno tan incómodo ante las preguntas que se le formulan?

Su discurso está siendo sumamente contradictorio. Se empeñan otra y otra vez en afirmar que no corresponde hablar de delitos urbanísticos sino de delitos económicos. Pero, ¿acaso los delitos imputados en el caso La Muela no tienen que ver con la actividad urbanística? Claro que sí.

Cuando le pregunté al presidente Iglesias el 22 de abril qué había hecho él y su Gobierno para luchar contra la corrupción, un año después de que se desvelara la trama del caso La Muela, me respondió lo siguiente: “Hemos cambiado toda la legislación que hace referencia al suelo, al urbanismo y a la ordenación del territorio”. ¿En qué quedamos? ¿Son cuestiones urbanísticas o no?

En realidad, el problema no son las leyes, sino las personas, la falta de ética y de honestidad. La misma ley sirve para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio y la arbitrariedad en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte ante proyectos desarrollados en La Muela? La Comisión Provincial de Ordenación Territorial dio el visto bueno a la 6ª fase de Centrovía… aunque seis meses antes la había rechazado. Ha cambiado su posición ante desarrollos residenciales desorbitados, pasando de una opinión negatica a una permisiva, sin que haya existido un cambio sustancial en las circunstancias, algo sobre lo que se han hecho eco los medios de comunicación.

¿Y cómo justifica el Gobierno los cambios de criterio en el Departamento de Medio Ambiente ante determinados proyectos desarrollados en La Muela? ¿No resolvió el INAGA que se sometieran a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Planes Parciales proyectos de urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de La Muela, retractándose varios meses después?

En el año 2006, el Grupo Parlamentario CHA preguntó en unas cuantas ocasiones al consejero Alfredo Boné sobre depuración de aguas residuales, sobre el polígono industrial Centrovía y sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, pero las respuestas fueron poco satisfactorias. Hubo hasta denuncias por ciertas actuaciones (o, mejor dicho, falta de actuaciones) de Medio Ambiente en La Muela… Y no pasó nada.

¿Es cierto que se han aprobado Planes parciales en La Muela como consecuencia de supuestas presiones políticas? Si es así, ¿no tienen nada que ver en todo ello el Gobierno de Aragón ni la Administración autonómica? Lo cierto es que desde que Mª Victoria Pinilla llegara a la alcaldía de La Muela en 1987, el Gobierno de Aragón ha autorizado la venta de gran parte del patrimonio del suelo municipal por valor de casi 38 millones de euros (6.300 Mll ptas). En total, 8 autorización del Gobierno de Aragón, 7 de las cuales se han producido con la coalición PSOE-PAR (con firma de Biel o con firma de Rogelio Silva).

Ha habido enajenaciones mediante permuta y parcelas que se han permutado dos veces, con valores muy diferentes en apenas un año de diferencia (unos 1.400 millones de pesetas más, en varios casos). ¿Tampoco tiene que ver nada el Gobierno con la autorización de ventas y permutas?

El Gobierno se escuda en que ha modificado la Ley urbanística, como si la ley anterior permitera el cohecho, el fraude contra la hacienda pública o el tráfico influencias, y no es así.

¿Podían haber hecho algo? Sí, rotundamente. Para empezar, podían y debían haber considerado la gravedad del caso desde el principio.

El Gobierno podía haber suspendido el Plan General de La Muela, como pretendía Javier Velasco cuando era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por entender que se estaba impulsando desarrollos urbanísticos exagerados. Pero Biel no estaba de acuerdo, y se impuso su criterio, con la excusa de que no concurrían supuestos legales suficientes ni lo aconsejaban los servicios técnicos. ¿Podían o no? CHA cree que sí.

El Gobierno podía haber intentado disolver el Ayuntamiento de La Muela, como propusimos desde CHA, pero ni lo intentaron.

El Gobierno podía haberse personado en la causa, como hizo la Administración del Estado desde que tuvo conocimiento de que había personas imputadas por un posible delito de fraude fiscal. Y no lo ha hecho.

Han estado jugando al despiste, sin aclarar cuestiones, ocultando datos y eludiendo responsabilidades.

Por poner un ejemplo, el mismo día que El Periódico de Aragón recogía las declaraciones, el 24 de marzo de 2009 , de Iglesias y Alfonso Vicente (actual consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) , afirmando que no pensaban tomar medidas inmediatas, el Subdirector Provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, dejba de ser Director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial, clave fundamental en todo este asunto.

La supuesta “normalidad” a la que alude el Gobierno no es tal. Pinilla era miembro de esa Comisión, como alcaldesa del PAR. El Vicepresidente Biel va señalando por ahí que el PAR no tiene nada que ver con La Muela, pero Pinilla ha sido consejera comarcal por el PAR, nº 1 en las listas del PAR en La Muela, y ha formado parte de las listas autonómicas del PAR. El presidente de la Comisión Provincial es del PSOE, pero el consejero de Medio Ambiente es del PAR, el de Política Territorial, Justicia e Interior también, el Vicepresidente preside el PAR, hay imputados escoltas de consejeros del PAR

Está claro que el problema no es la ley, sino la forma de gestionar un ayuntamiento que el propio Gobierno PSOE-PAR ha estado ensalzando durante años. Eso, y las actuaciones realizadas desde la Administración.

En resumen, el Gobierno PSOE-PAR no ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para impedir y combatir la corrupción ni ha hecho cumplir la normativa vigente con rigor. ¿Por qué? Nos da la impresión de que el coladero pueden tenerlo en el propio Gobierno. Había mucho por responder el pasado 6 de mayo, pero casi todas las preguntas se quedaron pendientes, una vez más.

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Menos mal que el PAR no tiene nada que ver con La Muela…

Esta mañana iba a asistir a la Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, para que por fin, hablará del Caso La Muela. Era la decimoséptima vez que Chunta Aragonesista (CHA) proponía que se incluyera en el orden del día la mencionada comparecencia. Digo que iba a asistir, porque la persona que ha comparecido finalmente ha sido Javier Velasco (PSOE), Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.

Ha empezado interviniendo la Diputada y Presidenta Nazional de CHA, Nieves Ibeas. En ese momento, ni Marcelino Iglesias, ni José Ángel Biel estaban en la Cámara. El primero ha venido cuando estaba hablando Adolfo Barrena (IU) y el segundo cuando intervenía Javier Velasco, y el “chaparrón” había pasado.

A la Diputada de CHA, Nieves Ibeas, le han bastado diez minutos para poner en “jaque” a todo el ejecutivo aragonés. Ha comenzado diciendo que se ha tardado trece meses y seis días para que PSOE y PAR incluyeran en el orden del día esta comparecencia y que lamentaba que Marcelino Iglesias, una vez más, no iba a dar la cara. En su intervención, ha pedido a Javier Velasco que explicará los cambios de criterio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (CPOTZ) con distintos proyectos, nombrando el ejemplo de la 6ª Fase del Polígono Industrial Centrovía (Ahora NO, luego ). Ha mencionado la opinión de la Abogacía del Estado que dice que la CPOTZ sufrió presiones con éxito. También le ha dicho que él mismo (Javier Velasco) dejó en suspenso en su día el PGOU de La Muela, y que después, la otra parte del Gobierno, en referencia a José Ángel Biel y el Departamento de Ordenación Territorial impidió esa paralización. Situaciones todas ellas que tienen que ver con el urbanismo, a pesar de que el Gobierno de Aragón se ha dedicado por activa y por pasiva a decir que todo eran delitos económicos…

Pero ha habido más, Nieves Ibeas ha hablado de las enajenaciones de suelo público del Ayuntamiento de La Muela. De las ocho autorizaciones, seis han sido firmadas por José Ángel Biel y dos por Rogelio Silva, sumando cientos de miles de metros cuadrados. (Enajenaciones que se siguen pretendiendo hacer hoy en día, con la subasta de más de veinte propiedades entre parcelas, naves, casas y suelo, provenientes de la Sociedad Urbanística de La Muela).

El punto más álgido del día se ha producido cuando la Diputada de CHA ha hablado de la arbitrariedad del Departamento de Medio Ambiente, para eximir a algunos proyectos de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, como la 4ª Fase del Polígono Industrial Centrovía, cuando la CPOTZ dijo que sí tenía que someterse a Evaluación de Impacto Ambiental (Ver punto 3), y sobre la que pesan varias denuncias de Medio Ambiente, explicando que CHA preguntó en su día en esta cámara sobre este tema. En ese momento, Alfredo Boné (PAR), Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se ha levantado, se ha girado, y mirando a los Diputados de CHA, ha dicho en voz alta: ¡Es mentira!, ¡Es mentira! Nieves Ibeas ha continuado diciendo que el Grupo Parlamentario de CHA va a pedir que el Gobierno de Aragón se persone en la causa de la “Operación Molinos”, ya que es directamente perjudicado por esta presunta trama de corrupción. Es más, el Instituto Aragonés del Agua, reclama 435.000 euros al Ayuntamiento de La Muela.

Después de varias llamadas de atención de Francisco Pina, Presidente de las Cortes, Nieves Ibeas ha tenido que terminar su intervención diciendo otras cosas como que el Gobierno de Aragón no se ha atrevido a ir a Madrid a pedir la Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

Javier Velasco, Consejero de Presidencia, en su réplica, de una manera muy nerviosa, no ha contestado a ninguna de las preguntas formuladas por la Diputada de CHA, simplemente se ha limitado a decir que lo que ha pasado en La Muela se debe a la Ley del Suelo de José María Aznar, aprobada en 1998 (Nadie duda que fuera una ley mucho más permisiva que la actual, pero eso no significa que permitiera la prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, fraude en subvenciones, revelación de secretos, negociaciones prohibidas…). También ha vuelto a decir, que son delitos económicos y no urbanísticos, a pesar de que el Juez de La Almunia, ha pedido al Gobierno de Aragón todos expedientes urbanísticos relacionados con La Muela. Y el Consejero de Presidencia ha comentado una vez más que no había ninguna responsabilidad política del Gobierno de Aragón.

En los dos minutos de contrarréplica, Nieves Ibeas le ha dicho a Javier Velasco que no se entiende que diga que no hay delitos relacionados con el urbanismo, y luego diga que el Juez de La Almunia, Alfredo Lajusticia, haya pedido todos los expedientes urbanísticos relacionados con La Muela al Gobierno de Aragón. También ha cargado contra el PAR, que en su mano de su Presidente, dijo hace pocos días, que su partido no tenía nada que ver con La Muela. Le ha dicho que la Alcaldesa de La Muela se ha presentado bajo las siglas del PAR, y que era miembro de la CPOTZ a propuesta del PAR recordando también a Marcelino Iglesias (Ausente) que fue a la inauguración del Polígono Industrial Centrovía para alabar la manera de actuar de la Alcaldesa de La Muela.

Javier Velasco ha cerrado el turno de intervenciones, volviendo a repetir otra vez los mismos argumentos, sin contestar ninguna de las preguntas realizadas por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA). Seguimos donde estamos y sin avanzar…

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Vía CHA en la Aljafería

Trece meses y 6 días hemos esperado a que PSOE y PAR permitieran que se incluyera en el orden del día del pleno la comparecencia solicitada por CHA para que el presidente Marcelino Iglesias diera explicaciones por el caso La Muela. Hoy ha llegado el día. Pero…

El presidente Iglesias no sólo no ha comparecido sino que no ha querido ni escuchar lo que la oposición tenía que decir, porque ha entrado al hemiciclo justo cuando han acabado las intervenciones de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas y del portavoz del PP. El que ha aguantado el chaparrón como ha podido en su lugar ha sido el consejero Javier Velasco, quien, visiblemente incómodo, no ha contestado a ninguna de las cuestiones y preguntas concretas que le ha hecho la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, limitándose a decir que el Gobierno “no tiene ninguna responsabilidad” y que todo lo que ha pasado en La Muela ha sido por culpa de la ley del suelo que aprobó en su día el PP. También ha insistido en que no eran delitos urbanísticos, aunque después ha dicho, contradictoriamente, que el juzgado de La Almunia que instruye el caso ha solicitado al departamento de Urbanismo del Gobierno numerosa documentación.

Velasco no ha explicado por qué se produjeron cambios de criterio en la Comisión Provincial de Ordenación Territorial, primero descartando y luego aprobando proyectos urbanísticos de La Muela (una de sus componentes era precisamente la alcaldesa Pinilla y el director de su ponencia técnica, a su vez subdirector provincial de Urbanismo, está imputado). Tampoco ha explicado por qué el mismo, cuando era responsable de Urbanismo quiso paralizar el Plan General de La Muela por su desorbitado crecimiento pero el vicepresidente Biel, responsable entonces de Ordenación Territorial, impidió esa paralización.

Por supuesto no ha respondido a la pregunta de por qué el Gobierno de Aragón, que ahora reclama la devolución de una subvención de 435.000 euros otorgada por el INAGA al Ayuntamiento de La Muela y que no se utilizó para el fin comprometido, no se ha personado como parte en el caso como perjudicado (el Estado sí que está personado, por el contrario, porque hay delitos de fraude fiscal contra la hacienda pública). Velasco ha señalado que no conocen el sumario y que se enteran de todo lo del caso La Muela por los medios de comunicación: si estuvieran personados podrían conocer directamente el sumario, ¿por qué entonces no lo hacen?

CHA propondrá a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón se persone en la causa y también está pendiente la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así los jueces puedan apartar de sus cargos públicos a quienes estén imputados por delitos de corrupción.

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El Gobierno de Aragón se ha vuelto a lavar las manos con el tema La Muela. El Presidente del Gobierno de Aragón ha contestado que aunque a su Gobierno no le gusta que la alcaldesa, imputada de 13 delitos, siga en su puesto, no puede hacer nada por evitarlo: “en 30 años de democracia en España nadie se ha atrevido a mandar a su casa a alguien elegido por el pueblo”. Iglesias contestaba así a la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quien le había preguntado por las acciones realizadas por su Gobierno contra la corrupción en Aragón en estos doce meses transcurridos desde que se destapó la Operación Molinos. “No hay sólo responsabilidades penales”, le ha dicho Ibeas, “están también las éticas y las políticas y este Gobierno se limita a mirar para otro lado”. Para la presidenta de CHA, es necesario actuar “para que no dé la impresión de que todo vale, la gente necesita recuperar la confianza en la política”.

Nieves Ibeas ha recordado que CHA ya propuso la única solución factible para evitar que Mª Victoria Pinilla y otros imputados siguieran en el Ayuntamiento, que es solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento. PSOE y PAR no quisieron apoyar en su día esta iniciativa, entre otras cosas, según Iglesias, porque la Comisión Jurídica Asesora (actual Consejo Consultivo de Aragón) había informado desfavorablemente al Gobierno de esa posibilidad.

En este punto el presidente Iglesias ha puntualizado, con la intención de destacar su carácter independiente, que los miembros de la Comisión no son nombrados por el Gobierno, aunque la realidad es la contraria: es precisamente el Gobierno quien nombra mediante Decreto a todos los miembros del Consejo (BOA del 2 de marzo 2010). Precisamente durante la tramitación, este último año, del Proyecto de Ley del Consejo Consultivo, CHA presentó enmiendas para cambiar esta situación y para que, como ocurre en la mayoría de Comunidades Autónomas, los miembros del Consejo fueran nombrados en su mayor parte por el Parlamento autonómico. PSOE, PP y PAR las rechazaron.

En el pleno de ayer, a preguntas de Bizén Fuster, también tuvo que referirse a La Muela el consejero responsable de Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes, Alfonso Vicente, para confirmar oficialmente que otro de los imputados, Carlos Martín Rafecas, “dejó de ser” director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 24 de marzo de 2009, apenas unos días después de hacerse pública la Operación Molinos. “Nos parece muy significativo y relevante que el Gobierno no haya informado de este asunto, es un ejemplo más de la oscuridad en la que quieren sumir todas sus actuaciones relacionadas con La Muela”, ha señalado después el diputado de CHA. El consejero se había limitado a explicar que “al no ser un nombramiento oficial, sino una designación, no hacía falta publicarla en boletín, ni tampoco el cese”. “Lo que no ha explicado es por qué se decidió apartarlo de esa responsabilidad pero manteniéndolo como miembro de la Comisión y, además, como subdirector provincial de Urbanismo”, ha apuntado Fuster.

Respecto a la zona de seguridad del oleoducto militar Rota-Zaragoza acotada por el Ministerio de Defensa en La Muela, donde el hijo de la alcaldesa construye su casa (a pesar de que en 2008 Defensa ya multó al marido y a su otro hijo con 60.000 euros por ubicar allí sus viviendas en esa zona), Vicente se ha limitado a señalar que hay abierto un expediente informativo por parte de la autoridad militar y otro por su departamento y ha asegurado que con la nueva Ley de Urbanismo de Aragón “todo lo que ha pasado en La Muela no hubiera pasado”.

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