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El Periódico de Aragón. (18.06.10).

No vamos a reblar. En este tema, como en otros, las palabras no son suficientes, y si queremos atajar la corrupción, además de hablar hay que actuar. Eso es lo que estamos planteando una y otra vez desde CHA al resto de los partidos- aunque reconozco que sin demasiado éxito hasta el momento. No entiendo cómo alguien puede oponerse a dotar a los jueces de instrumentos legales para luchar más eficazmente contra la corrupción política y proteger los intereses generales de la ciudadanía.

El pasado 3 de junio defendí en las Cortes la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión. No parece lógico y quisimos resolver esta incongruencia. Pero ni PSOE, ni PP, ni PAR estuvieron dispuestos a entrar en el fondo de la cuestión y votaron en contra de la toma en consideración de nuestra proposición de Ley. No tenían ninguna intención de mejorar o modificar el texto que remitimos a las Cortes.

Sus argumentos fueron flojísimos e inconsistentes, y se veía de lejos que eran meras excusas. El portavoz del PAR tachó la iniciativa de “oportunista”. El PP habló de “ataque contra la presunción de inocencia”. El PSOE dijo que el debate no tendría que tener lugar en las Cortes de Aragón. Esos fueron los argumentos de estos flacos combatientes de la corrupción- ¡qué vergüenza! Los tres son responsables de que las cosas no cambien, desoyendo a la ciudadanía. El Gobierno PSOE-PAR prefiere incluso no saber oficialmente nada del caso La Muela y ha renunciado a personarse como parte en la causa, como le pedíamos hace unas semanas: ojos que no ven- ¿Y el PP, que con tanto ahínco ha estado increpando a Marcelino Iglesias por su inmovilismo frente a la corrupción? Lo de estos partidos es puro teatro.

SIN EMBARGO, jueces independientes y de prestigio consideran que permitir la suspensión temporal del ejercicio de cargo público es “factible y positivo” y, como en CHA también tenemos ese convencimiento, hemos llevado la propuesta hasta el Senado. Aprovechando nuestro acuerdo de colaboración política con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds para presentar iniciativas comunes en diferentes instituciones, la iniciativa se defenderá en dicha Cámara, tal y como expliqué el pasado jueves 10 de junio junto al senador Pere Sampol i Mas durante la presentación pública en Madrid de esta iniciativa, que ahora comenzará su tramitación.

AQUÍ, PSOE Y PAR se enrocan para no hacer nada respecto a La Muela, le quitan importancia (“es sólo un caso en nuestra comunidad”, “una excepción”) y afirman que no se puede legislar a la ligera y por oportunismo (olvidando, por cierto, que esa es una práctica común en su Gobierno, con leyes para permitir la venta del Fleta cuando les surgió un comprador, o la ley ad hoc para Gran Scala). Con su oposición están dando la impresión de darse por aludidos- ¿Por qué será? En realidad, el caso de la Muela no es único, puesto que se suma a todos los gravísimos de corrupción que también se están dando en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias- Nuestra propuesta afecta a una ley orgánica que será de aplicación en todo las comunidades y así debe ser entendida, porque el beneficio será para todas ellas.

La iniciativa sólo podrá salir adelante si la mayoría de los grupos políticos nos ponernos previamente de acuerdo en la necesidad de evitar que personas como la alcaldesa de La Muela sigan en su puesto y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo.

La corrupción se está convirtiendo en una lacra en todo el Estado, la sociedad está cansada de puyas de unos partidos contra otros, del “y tú más y tú antes y tú peor”. Si no hacemos nada, todos perderemos, porque nuestro sistema democrático y de garantías está basado en la representatividad, y nadie puede ser buen representante si no goza de la confianza de las personas a las que representa. La reforma que proponemos no será la panacea contra la corrupción. Lo sabemos, pero nadie ha conseguido convencernos hasta el momento de que resolver el vacío legal que ahora existe no sería positivo para nuestro propio sistema democrático. ¿Por qué se niegan, entonces?

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La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha explicado que “en la ciudadanía nadie puede entender que una persona, como la Alcaldesa de La Muela, esté imputada por un delito de corrupción y siga ocupando el puesto desde el que, presuntamente, se cometieron los  once delitos de los que se le acusa”.

CHA ha presentado hoy en el Senado, junto a Pere Sampol y Mas, Senador del Bloc per Mallorca i PSM- Verds, el contenido de una proposición de Ley Orgánica para que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. La iniciativa se ha registrado en el Senado a través del PSM-Entesa Nacionalista, partido con el que CHA tiene firmado un protocolo de colaboración política.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “la ciudadanía está escandalizada ante el nivel de corrupción e impunidad que existe entre determinados partidos políticos y, lo que más decepcionada, es cuando ve que no se hace nada al respecto. Ante esta realidad, proponemos una reforma en la Ley para impedir que los cargos públicos que están imputados sigan desarrollando las funciones desde el mismo sitio donde, presuntamente, cometieron los delitos de corrupción”.

“El caso de La Muela, con la Alcaldesa del PAR a la cabeza, situó a Aragón dentro del mapa de corrupción del Estado y, después de un año, vemos como la Alcaldesa sigue desempeñando sus funciones a pesar de que continúan las investigaciones. Es totalmente inadmisible “- explica la Presidenta de CHA.

En la presentación de la iniciativa, Nieves Ibeas, ha recordado el desarrollo de los acontecimientos en La Muela y las cifras del caso entre las que ha destacado que “existen 36 imputados entre ellos la Alcaldesa, que pasó 4 meses en la cárcel y está acusada de 11 delitos, familiares, concejales, personal administrativo y altos cargos de la Administración de Aragón”. Para Nieves Ibeas, “nadie en Aragón entiende que una Alcaldesa que está imputada por corrupción siga desarrollando sus funciones como si no hubiese pasado nada”.

“Lo más grave es la actitud del Gobierno de Aragón. Cuando hace años advertíamos de que lo que estaba ocurriendo en La Muela no era normal, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) ponía la gestión del Ayuntamiento de La Muela como ejemplo de desarrollo para Aragón. Una vez se destapó el caso, lo único que hacen es mirar para otro lado e intentar que no salpique” y ha recordado que desde CHA se han presentado dos proposiciones no de Ley en las Cortes que han sido rechazadas.

Desde CHA se ha reclamado que para todo el Estado “se ponga freno a este tipo de situaciones. Hay que aprovechar las Leyes y si estás no sirven, habrá que modificarlas para que se pueda. Lo que es incomprensible es que no exista una unión de fuerzas políticas para evitar situaciones de impunidad como la que estamos viviendo en Aragón con el caso de La Muela”.

Por su parte, el Senador del Bloc per Mallorca i Psm – Verds, Pere Sampol i Mas, ha destacado que se mostraba todo el apoyo a esta iniciativa ya que la perspectiva de CHA ante el tratamiento de los casos de corrupción es coincidente.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Por culpa de los escándalos de corrupción,  y por culpa de la falta de contundencia de los partidos políticos implicados, la actividad política está sufriendo un grave desprestigio que debilita fundamentos primordiales de nuestro sistema democrático.  Los partidos políticos somos diferentes, aunque todos acabamos dentro del mismo saco, por desgracia. Y hoy se ha demostrado en las Cortes que somos diferentes y que nos tomamos el tema de la corrupción de forma también diferente (por decir algo): PSOE, PP y PAR van por un lado… pero ese no es el camino de CHA.

Desde multitud de sectores sociales se está esperando que los partidos políticos aprovechemos cualquier resquicio en contra de la corrupción. Por ética. Pero el PSOE, el PP, y el PAR no están por la labor. Ya puede estar tranquila la alcaldesa de La Muela, desde luego… Y Camps, y Matas, y los implicados en la trama Gürtel, y Fabra, etc. etc. etc.

Hoy han votado en contra de la propuesta de CHA para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. Los jueces deberían contar con instrumentos jurídicos suficientes para apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos aprovechándose de sus empleos o cargos públicos. Y no los tienen.

Hoy por hoy, la ley permite la prisión provisional pero no permite que se aparte a estas personas de sus cargos. Conclusión: HAY QUE CAMBIAR LA LEY. Nuestra propuesta parlamentaria era muy clara: si estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pongámonos de acuerdo también para modificar la ley. Cambiemos las reglas del juego.

Los grupos parlamentarios tenían que votar esta mañana si se tomaba en consideración la propuesta de CHA, y ni eso han querido PSOE, PP y PAR. Si hubiera salido adelante, se habría abierto el debate y cada grupo habría tenido la oportunidad de presentar enmiendas para mejorar el texto. Pero ninguno de estos partidos han querido abrir el debate ni entrar de lleno en el fondo de la cuestión. ¿POR QUÉ? Pues eso…

Cada vez que los medios de comunicación informan sobre los problemas y situaciones escandalosas que se viven en el ayuntamiento de La Muela, o da vez que nos trasladan declaraciones de su alcaldesa, Mª Victoria Pinilla, todo el mundo se lamenta, se indigna y se rasga las vestiduras en público. ¡Ja!

¿Qué piensan en el PSOE, en el PP y en el PAR cuando leen las declaraciones de la alcaldesa de La Muela afirmando que no tiene intención de dimitir y que no dejará su cargo salvo que un juzgado la inhabilite o que ella misma decida irse?

Si jueces y tribunales pueden privar provisionalmente de su libertad a las personas encausadas –el bien jurídico más preciado- (que implica privación provisional del ejercicio de su empleo o cargo público), es lógico que también puedan privarles del ejercicio de su empleo o cargo público para proteger el interés general. A mi modo de ver, le debería parecer lógico a cualquiera con dos dedos de frente y una mínima ética política. Pero los diputados y diputadas del PSOE, del PP y del PAR han coincidido con su voto en contra.

Las excusas no han podido ser más peregrinas: que si se vulnera la presunción de inocencia (opinión del PP, que preferiría prolongar la prisión preventiva… ¿vulnera la presunción de inocencia apartar a alguien de su puesto y no la vulnera meterno en la cárcel?…

… que si las Cortes no son el foro adecuado -dice el PSOE, que preferiría, al parecer, más participación institucional (¿estarán pensando en la ONU, tal vez?)-…

… que si ésta no es la fórmula adecuada –PAR dixit, que es cierto que tiene experiencia en militantes imputados por delitos de corrupción…-

… que si en realidad nuestro grupo no tenía intención de solucionar nada… etc. Una vergüenza, de verdad.

Un sinfín de excusas a cual más mala para no mojarse. ¿Qué hubieran perdido PSOE, PP y PAR votando a favor? ¿A quién habrían perjudicado? ¿Qué problema tienen el PSOE y el PP en que este tema acabe llegando al Congreso de los Diputados, que es la única institución que puede modificar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal?

Desde el G.P.CHA intentamos hacer todo lo que tenemos en nuestra mano para devolver la dignidad pública a la actividad política. Unos cuantos ejemplos deleznables (por mucho que hayan sido ensalzados en el pasado dentro, incluso, de las Cortes, como ha sucedido con la alcaldesa de La Muela como alcaldesa del PAR) no deben empañar el gran trabajo realizado por la mayor parte de los cargos públicos.

Pero lo cierto es que cada vez que sacamos a relucir el tema de La Muela huele mal, pero hoy el hedor era insoportable en las Cortes de Aragón por culpa de la actitud cobarde de los grupos parlamentarios PSOE, PP y PAR. ¿Qué o a quién protegen unos y otros?

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PP, PSOE y PAR han votado hoy en contra de tomar en consideración la Proposición de Ley de CHA de reforma de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Juez instructor pueda suspender provisionalmente de su cargo público a los imputados por delitos de corrupción. Sólo IU ha apoyado la propuesta.

La iniciativa legislativa, que de haberse aprobado se hubiera tramitado en Cortes y luego remitido a las Cortes Generales (las competentes para modificar una ley orgánica) ha quedado rechazada. En el último año, los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, ya han rechazado una declaración general contra la corrupción, la disolución del Ayuntamiento de La Muela o la personación del Gobierno de Aragón en esta causa. En este caso, además, se les ha unido el PP.

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha lamentado profundamente que ni PP ni PSOE ni PAR hayan querido actuar con gestos concretos contra la corrupción y en defensa de los intereses generales, como la sociedad está demandando y como necesita la propia actividad política para no seguir desprestigiándose. “No sé qué están ustedes protegiendo”, ha señalado Ibeas, “pero están haciendo uno flaquísimo favor al sistema democrático”.

El Partido Popular ha considerado la iniciativa de CHA “un brindis al sol” y ha acusado a CHA de no querer, en realidad “solucionar el problema” de la corrupción, diciendo incluso que lo que se pretendía era “recuperar la antigua ley de vagos y maleantes”. Para el PP, suspender provisionalmente el ejercicio del cargo público podría suponer la vulneración de la presunción de inocencia, aunque consideran que este principio no se vulnera si el juez envía provisionalmente a los imputados a la cárcel, una contradicción que Nieves Ibeas les ha echado en cara en su réplica.

Por su parte, los grupos que apoyan al Gobierno, se han escudado en “excusas malas, malas, malas”, como las ha calificado Ibeas. El portavoz del PAR ha afirmado que la propuesta respondía a criterios de “oportunidad” y que no se podía “legislar a la ligera”. Y el del PSOE ha considerado que las Cortes no es el foro adecuado para esta reforma legislativa porque es necesario “un foro más participativo” con representación de todas las instituciones. La presidenta de CHA ha mostrado su preocupación por este argumento del PSOE que quita toda legitimidad a las Cortes como institución representativa de la ciudadanía y cuestiona su capacidad legislativa para concluir, irónicamente: “si no le parecen suficientemente representantivas, si le parece buscamos también en otros planetas a extraterrestres para garantizar la participación planetaria”.

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Vía CHA en la Aljafería

Este es un artículo de opinión de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, sobre las motivaciones y objetivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público presentada por el grupo parlamentario y cuya toma de consideración se debatirá mañana, 3 de junio, en el pleno de las Cortes:

Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que propondremos mañana al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta mañana a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

El Instituto Aragonés del Agua, entidad que ejerce las competencias de Aragón en temas hidráulicos, tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros, que no han sido empleadas para el fin acordado, y entiendo que sólo esta razón ya sería suficiente para que el Gobierno de Aragón se sintiera perjudicado (para algo son dineros de todos los aragoneses)… Pues no.

Estamos hablando del mayor caso de corrupción en Aragón en muchos años, y cuando CHA propone en la Cortes cualquier acuerdo para que el Gobierno lidere una batalla contundente contra la corrupción, el PSOE y el PAR siempre encuentran una excusa para no hacerlo. Proponemos un rechazo radical contra la corrupción, como sucedió en septiembre pasado… y votan en contra. Proponemos que el Gobierno inicie gestiones para la disolución del Ayuntamiento de La Muela que sigue siendo responsabilidad de Mª Victoria Pinilla… y votan en contra. Proponemos el pasado jueves 20 de mayo que el Gobierno se persone en la causa… y también votan en contra. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta, a Iglesias o a Biel?

El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, como sucede en este caso, y así ejercitar las acciones civiles y penales que procedan.

La personación del perjudicado en la causa le da derecho, entre otras cuestiones, a tomar conocimiento de lo actuado, instar la práctica de diligencias de prueba e intervenir en las mismas, formular recursos o ejercitar las acciones civiles y penales que legalmente procedan.

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, reconoció hace unas semanas en las Cortes que su Gobierno sólo conocía del caso lo que leía en los medios de comunicación, y esto es algo que nos parece irresponsable y absurdo. El Estado sí está personado por posibles delitos de fraude fiscal investigados en las diligencias previas, pero el Gobierno de Aragón no considera oportuno utilizar esta vía… ni siquiera para estar al tanto de lo que sucede. Ni ver, ni oír, ni hablarYa escampará, pensarán algunos.

En CHA creemos que esta actitud es confusa, inoportuna y cobarde donde las haya, y en la calle no la entiende nadie. Y mucho menos la entiende la gente de La Muela que no espera precisamente chanchulleos, sino una auténtica regeneración política que saben que beneficiará a la localidad y nos beneficiará a toda la sociedad aragonesa. Que se lo pregunten a Adrián Tello o Pedro Bartolomé

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Chunta Aragonesista instará este jueves en el pleno de las Cortes al Gobierno de Aragón a personarse como acusación particular en calidad de perjudicado en el procedimiento penal instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina por presunta corrupción en el municipio de La Muela.

La personación del perjudicado en la causa le da derecho, entre otras cuestiones, a tomar conocimiento de lo actuado, instar la práctica de diligencias de prueba e intervenir en las mismas, formular recursos o ejercitar las acciones civiles y penales que legalmente procedan. “El consejero de Presidencia, Javier Velasco, reconoció en las Cortes que su Gobierno sólo conocía del caso lo que leía en los medios de comunicación, algo que nos parece irresponsable y absurdo” ha señalado la presidenta Nieves Ibeas, que recuerda que el Estado sí está personado por posibles delitos de fraude fiscal investigados en las diligencias previas.

“El propio Instituto Aragonés del Agua, entidad que ejerce las competencias de Aragón en materia hidráulica, tiene incoado, contra el Ayuntamiento de La Muela, un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros por no haber sido empleado ese dinero para el fin acordado”, ha afirmado Ibeas, para quien sólo esta razón ya sería suficiente para que el Gobierno de Aragón se sintiera perjudicado “pero es que estamos hablando del mayor caso de corrupción en Aragón en muchos años”.

El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, como sucede en este caso, y así ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

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