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El Diputado de CHA, Bizén Fuster, ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado hoy favorable a suspender a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción. El Justicia ha respondido así al diputado de CHA, Bizén Fuster, en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.

Fuster ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales están imputados en una investigación judicial por corrupción urbanística, a pesar de lo cual Pinilla sigue al frente del consistorio, tras haber estado unos meses en prisión preventiva y haber salido bajo fianza de 800.000 euros. El mismo caso se ha producido en El Ejido, Almería.

Es decir, el Justicia ha respaldado la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Crimininal para conseguir este objetivo, una iniciativa que, el pasado 3 de junio, los grupos parlamentarios del PSOE, PP y PAR votaron en contra e impidieron que prosperara en las Cortes para que después se presentara ante las Cortes Generales, las únicas competentesa para reformar una ley orgánica comoe s el caso. Tras este rechazo, CHA ha llevado esta iniciativa directamente al Senado gracias a su acuerdo de colaboración política con PSM-Entesa Nacionalista de Baleares, y el pasado 10 de junio quedó registrada en la Cámara Alta.

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El Periódico de Aragón. (18.06.10).

No vamos a reblar. En este tema, como en otros, las palabras no son suficientes, y si queremos atajar la corrupción, además de hablar hay que actuar. Eso es lo que estamos planteando una y otra vez desde CHA al resto de los partidos- aunque reconozco que sin demasiado éxito hasta el momento. No entiendo cómo alguien puede oponerse a dotar a los jueces de instrumentos legales para luchar más eficazmente contra la corrupción política y proteger los intereses generales de la ciudadanía.

El pasado 3 de junio defendí en las Cortes la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión. No parece lógico y quisimos resolver esta incongruencia. Pero ni PSOE, ni PP, ni PAR estuvieron dispuestos a entrar en el fondo de la cuestión y votaron en contra de la toma en consideración de nuestra proposición de Ley. No tenían ninguna intención de mejorar o modificar el texto que remitimos a las Cortes.

Sus argumentos fueron flojísimos e inconsistentes, y se veía de lejos que eran meras excusas. El portavoz del PAR tachó la iniciativa de “oportunista”. El PP habló de “ataque contra la presunción de inocencia”. El PSOE dijo que el debate no tendría que tener lugar en las Cortes de Aragón. Esos fueron los argumentos de estos flacos combatientes de la corrupción- ¡qué vergüenza! Los tres son responsables de que las cosas no cambien, desoyendo a la ciudadanía. El Gobierno PSOE-PAR prefiere incluso no saber oficialmente nada del caso La Muela y ha renunciado a personarse como parte en la causa, como le pedíamos hace unas semanas: ojos que no ven- ¿Y el PP, que con tanto ahínco ha estado increpando a Marcelino Iglesias por su inmovilismo frente a la corrupción? Lo de estos partidos es puro teatro.

SIN EMBARGO, jueces independientes y de prestigio consideran que permitir la suspensión temporal del ejercicio de cargo público es “factible y positivo” y, como en CHA también tenemos ese convencimiento, hemos llevado la propuesta hasta el Senado. Aprovechando nuestro acuerdo de colaboración política con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds para presentar iniciativas comunes en diferentes instituciones, la iniciativa se defenderá en dicha Cámara, tal y como expliqué el pasado jueves 10 de junio junto al senador Pere Sampol i Mas durante la presentación pública en Madrid de esta iniciativa, que ahora comenzará su tramitación.

AQUÍ, PSOE Y PAR se enrocan para no hacer nada respecto a La Muela, le quitan importancia (“es sólo un caso en nuestra comunidad”, “una excepción”) y afirman que no se puede legislar a la ligera y por oportunismo (olvidando, por cierto, que esa es una práctica común en su Gobierno, con leyes para permitir la venta del Fleta cuando les surgió un comprador, o la ley ad hoc para Gran Scala). Con su oposición están dando la impresión de darse por aludidos- ¿Por qué será? En realidad, el caso de la Muela no es único, puesto que se suma a todos los gravísimos de corrupción que también se están dando en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias- Nuestra propuesta afecta a una ley orgánica que será de aplicación en todo las comunidades y así debe ser entendida, porque el beneficio será para todas ellas.

La iniciativa sólo podrá salir adelante si la mayoría de los grupos políticos nos ponernos previamente de acuerdo en la necesidad de evitar que personas como la alcaldesa de La Muela sigan en su puesto y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo.

La corrupción se está convirtiendo en una lacra en todo el Estado, la sociedad está cansada de puyas de unos partidos contra otros, del “y tú más y tú antes y tú peor”. Si no hacemos nada, todos perderemos, porque nuestro sistema democrático y de garantías está basado en la representatividad, y nadie puede ser buen representante si no goza de la confianza de las personas a las que representa. La reforma que proponemos no será la panacea contra la corrupción. Lo sabemos, pero nadie ha conseguido convencernos hasta el momento de que resolver el vacío legal que ahora existe no sería positivo para nuestro propio sistema democrático. ¿Por qué se niegan, entonces?

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La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha explicado que “en la ciudadanía nadie puede entender que una persona, como la Alcaldesa de La Muela, esté imputada por un delito de corrupción y siga ocupando el puesto desde el que, presuntamente, se cometieron los  once delitos de los que se le acusa”.

CHA ha presentado hoy en el Senado, junto a Pere Sampol y Mas, Senador del Bloc per Mallorca i PSM- Verds, el contenido de una proposición de Ley Orgánica para que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. La iniciativa se ha registrado en el Senado a través del PSM-Entesa Nacionalista, partido con el que CHA tiene firmado un protocolo de colaboración política.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “la ciudadanía está escandalizada ante el nivel de corrupción e impunidad que existe entre determinados partidos políticos y, lo que más decepcionada, es cuando ve que no se hace nada al respecto. Ante esta realidad, proponemos una reforma en la Ley para impedir que los cargos públicos que están imputados sigan desarrollando las funciones desde el mismo sitio donde, presuntamente, cometieron los delitos de corrupción”.

“El caso de La Muela, con la Alcaldesa del PAR a la cabeza, situó a Aragón dentro del mapa de corrupción del Estado y, después de un año, vemos como la Alcaldesa sigue desempeñando sus funciones a pesar de que continúan las investigaciones. Es totalmente inadmisible “- explica la Presidenta de CHA.

En la presentación de la iniciativa, Nieves Ibeas, ha recordado el desarrollo de los acontecimientos en La Muela y las cifras del caso entre las que ha destacado que “existen 36 imputados entre ellos la Alcaldesa, que pasó 4 meses en la cárcel y está acusada de 11 delitos, familiares, concejales, personal administrativo y altos cargos de la Administración de Aragón”. Para Nieves Ibeas, “nadie en Aragón entiende que una Alcaldesa que está imputada por corrupción siga desarrollando sus funciones como si no hubiese pasado nada”.

“Lo más grave es la actitud del Gobierno de Aragón. Cuando hace años advertíamos de que lo que estaba ocurriendo en La Muela no era normal, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) ponía la gestión del Ayuntamiento de La Muela como ejemplo de desarrollo para Aragón. Una vez se destapó el caso, lo único que hacen es mirar para otro lado e intentar que no salpique” y ha recordado que desde CHA se han presentado dos proposiciones no de Ley en las Cortes que han sido rechazadas.

Desde CHA se ha reclamado que para todo el Estado “se ponga freno a este tipo de situaciones. Hay que aprovechar las Leyes y si estás no sirven, habrá que modificarlas para que se pueda. Lo que es incomprensible es que no exista una unión de fuerzas políticas para evitar situaciones de impunidad como la que estamos viviendo en Aragón con el caso de La Muela”.

Por su parte, el Senador del Bloc per Mallorca i Psm – Verds, Pere Sampol i Mas, ha destacado que se mostraba todo el apoyo a esta iniciativa ya que la perspectiva de CHA ante el tratamiento de los casos de corrupción es coincidente.

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