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Artículo publicado en El Periódico de Aragón

Una definición de corrupción política sería: “el mal uso público-gubernamental del poder para conseguir una ventaja política ilegítima, generalmente secreta y privada”. Según la Sociología Política no hay acuerdos unánimes sobre la definición de corrupción, aunque Gibbons identifica como corrupto todo comportamiento que, de convertirse en conocimiento público, conduciría a un escándalo. Esta definición tiene en cuenta las actitudes e implica que un acto pudiera ser corrupto en algunas ocasiones y lugares, pero no en otros. Según la variación cultural un comportamiento escandaloso, como el caso de La Muela, podría llegar a considerarse normal.

La corrupción política es una realidad mundial y su nivel de tolerancia evidencia la madurez política de cada Estado. En el español, algunos casos de corrupción son considerados como escándalos y la tolerancia, en ese caso, debería ser cero. Si esto fuese así seguramente no ocuparíamos el lugar 28 del mundo en lista de países corruptos.

El clientelismo es otra de las lacras que merma la calidad de la acción política. La sociedad se acostumbra a la presencia de los patrones clientelares, “busca su moderación, y llega a distinguir entre buenos y malos caciques”. Ésta es una argumentación del caciquismo del siglo XIX en España que, a día de hoy, parece que no ha sufrido transformaciones en la democracia actual.

La corrupción parece que es un problema eminentemente político y habría que imbricarlo en el estudio del caciquismo moderno- y sus redes de clientela- y éste, a la vez, en la conformación estructural y alianza de las clases dominantes. Las oligarquías actuales ejercen formas de control social y dominación política, en aras a perpetuar su posición socioeconómica preeminente.

La opacidad de la corrupción, la poca luz sobre estos temas proviene de los medios de comunicación o de la experiencia personal, se ha modificado moderadamente por la propia dinámica de interna de los partidos, que han provocado luchas internas: el PP y el caso Gürtel, el PAR y La Muela, etc. Por otro lado también hay mayor transparencia por ciertas exigencias planteadas desde el contexto internacional (Unión Europea) que presiona a las elites frente al manejo del Estado.

Además de la parte monetaria, la mayor repercusión de la corrupción y del caciquismo es el coste moral (Rubén Aroca, 2009) porque se desmoronan los principios de la ética pública, de la política e incluso se llega a la aceptación de la corrupción como una consecuencia inevitable del poder: ¿para conseguir candidatos, en algunos municipios, sólo es necesario ofrecer un puesto de trabajo en la administración o en sus cercanías?

Hay cuestiones determinantes que fomentan que se genere corrupción. Por una parte, la ineficiencia de los servicios públicos que crea malestar y provoca privatizaciones. Por otro lado, la escasa integración social e implicación de la ciudadanía, provocada en gran parte por el escepticismo sobre el buen funcionamiento de la democracia actual y la herencia de la sociología franquista, que facilita la impunidad a la hora de actuar. Las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones… deben hacer frente a los casos de corrupción pero, la sociedad, con su implicación y su protesta, también tiene un papel muy importante a la hora de frenar las actitudes corruptas.

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ACTO DE ENTREGA DE FIRMASEl Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, junto a representantes, militantes y simpatizantes de CHA, asistirán mañana viernes, a las 21:00 horas, a la concentración que se celebrará en La Muela para reclamar la dimisión de la Alcaldesa y la disolución del ayuntamiento de la localidad. CHA ha respaldado esta mañana a la Plataforma Vecinal de La Muela en el acto de entrega ante el Edificio Pignatelli de las más de 9.000 firmas con las que se solicita dignidad para el municipio de La Muela, así como la dimisión de la Alcaldesa, María Victoria Pinilla, y del resto de ediles del PAR.

Al acto, en representación de CHA, han asistido Marisa Fanlo, Vicesecretaria de Política Interna y Comunicación; Gregorio Briz, Vicesecretario de Coordinación Institucional; Chesús Yuste, diputado por el grupo CHA en las Cortes; José Manuel Latorre, Secretario de Movimientos Sociales y Participación; y Pedro Bartolomé Pérez, Coordinador del Ligallo de lugar de CHA en La Muela.

Adrián Tello, secretario del Ligallo de CHA en Valdejalón y miembro de la Plataforma, ha indicado en el momento de la entrega que es “todo un éxito en un pueblo como La Muela, que vive dividido y en el que se soportan muchas presiones, recoger casi diez mil firmas solicitando la dimisión de la Alcaldesa y de los concejales del PAR, y pidiendo la disolución del Ayuntamiento.

Por su parte el diputado Chesús Yuste ha recordado que CHA, ante la vuelta de María Victoria Pinilla a su cargo como Alcaldesa de La Muela, presentó recientemente una Proposición no de Ley en las Cortes para instar al Gobierno de Aragón a que pida al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento y la puesta en marcha de una Comisión Gestora, hasta que se celebren las próximas elecciones.

Yuste ha indicado por último que “lo que se está viendo en La Muela es una vergüenza, ya que estamos ante personas que no tienen ninguna ética ni moral política y están aprovechándose de las lagunas que presenta el actual Estado de Derecho para continuar en sus cargos, a pesar de estar imputados en un proceso judicial y acusados de posible corrupción”.

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LA MUELA EN EUROPACHA va a respaldar mañana a la Plataforma Vecinal de La Muela en el acto de entrega de las más de 9.000 firmas con las que se solicita dignidad para el municipio de La Muela, así como la dimisión de la Alcaldesa, María Victoria Pinilla, y del resto de ediles del PAR.

En representación de CHA asistirán al acto Marisa Fanlo, Vicesecretaria de Política Interna y Comunicación; Gregorio Briz, Vicesecretario de Coordinación Institucional; José Manuel Latorre, Secretario de Movimientos Sociales y Participación; y Pedro Bartolomé Pérez, Coordinador del Ligallo de lugar de CHA en La Muela.

Adrián Tello, secretario del Ligallo de CHA en Valdejalón y miembro de la Plataforma, ha indicado que es “todo un éxito en un pueblo como La Muela, que vive dividido y en el que se soportan muchas presiones, recoger casi diez mil firmas solicitando la dimisión de la Alcaldesa y de los concejales del PAR, y pidiendo la disolución del Ayuntamiento.

En este sentido ha recordado que CHA, ante la vuelta de María Victoria Pinilla a su cargo como Alcaldesa de La Muela, presentó recientemente una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de Aragón a que pida al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento y la puesta en marcha de una Comisión Gestora, hasta que se celebren las próximas elecciones.

Tello ha indicado por último que “lo que se está viendo en La Muela es una vergüenza, ya que estamos ante personas que no tienen ninguna ética ni moral política y están aprovechándose de las lagunas que presenta el actual Estado de Derecho para continuar en sus cargos, a pesar de estar imputados en un proceso judicial y acusados de posible corrupción”.

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CHA ha presentado un manifiesto por la financiación justa y equitativa en los ayuntamientos del medio rural que ha sido elaborado por los Alcaldes y Alcaldesas de CHA en Aragón y con el que se quiere dar a conocer a la ciudadanía los graves problemas a los que se enfrentan los municipios debido a la falta de financiación adecuada.

Pueblos de AragónLa Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado además que “a través de este manifiesto también vamos a presentar iniciativas en las instituciones para reclamar al gobierno estatal un cambio en el modelo de financiación que asegure que los ayuntamientos puedan hacer frente a los gastos corrientes y a las inversiones para sus proyectos”. Nieves Ibeas ha reclamado “una financiación que asegure la calidad de vida en el medio rural. Teniendo como referencia la distribución geográfica en Aragón, somos conscientes de que el modelo de financiación es especialmente agresivo con nuestro territorio”.

Por su parte, el Vicesecretario General de CHA, Gregorio Briz, ha explicado que con este manifiesto se reclama un fondo anual para los pequeños municipios que no sea inferior a 365 euros por habitante. Este objetivo podría conseguirse si el Fondo Estatal de inversión local se convirtiese en un fondo estructural permanente. Además también se reclama un aumento de la inversión destinada por el Gobierno de Aragón a las comarcas, y que las subvenciones destinadas a los ayuntamientos sean al 100% ya que el pago de un porcentaje de la misma desde la institución genera más endeudamiento municipal.

TEXTO del Manifiesto:

Los ayuntamientos vienen prestando cada día más servicios públicos, obligados por factores novedosos como la propia evolución de los hábitos sociales. Las infraestructuras y los servicios públicos son cada vez más necesarios y diversos, pero los poderes del Estado parecen olvidar que éstos resultan más costosos en el medio rural, sobre todo en los pequeños ayuntamientos que, aquejados de despoblación, envejecimiento y dispersión geográfica, aspiran a alcanzar niveles de calidad de vida y de bienestar idénticos a los del medio urbano y la consecución de estos objetivos impedirán incrementar la sangría demográfica de la última mitad del siglo pasado.

La política estatal de financiación está siendo contradictoria, ya que favorece especialmente a las grandes ciudades, ya que perciben de media por habitante más del doble que los pequeños entes locales. Barcelona recibió el pasado ejercicio 584 euros por habitante, Madrid 432, Málaga 362, mientras que la media de los pueblos es de 150 euros, cifra esta última absolutamente insuficiente para hacer frente a los servicios ofertados y su adecuado mantenimiento.

La situación de las arcas municipales, por lo tanto, es de un elevado nivel de endeudamiento y de morosidad, con repercusiones directas e indirectas en las empresas privadas y el mantenimiento del empleo. Este injusto sistema de reparto del dinero del Estado dificulta la autonomía financiera de los pequeños ayuntamientos, especialmente en momentos de crisis como la actual, en que disminuyen los ingresos relacionados con la actividad inmobiliaria.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no resuelve esos problemas, por un lado da alas a la capacidad de endeudamiento al Estado y CCAA, pero por otro sigue siendo restrictiva y cicatera con los ayuntamientos, y el procedimiento marcado por esta ley hace más difícil la situación financiera de los Ayuntamientos.

El actual sistema de subvenciones resulta ser una maraña burocrática en la que se pierde más de una quinta parte del dinero público, eso sin contar el clientelismo y el sectarismo con que se suelen repartir las subvenciones de la DGA. Este sistema de funcionamiento afecta seriamente a la autonomía financiera de los entes locales, que ven cómo el 55 % de sus presupuestos procede de fondos externos con carácter finalista.

Las subvenciones desvirtúan las necesidades reales de nuestros ayuntamientos y suelen incrementar el gasto corriente con la creación de nuevos servicios, en algunos casos prescindibles, que acaban atendiéndose en detrimento de otros imprescindibles. Por no hablar del duro y estricto procedimiento que marca la ley para acogernos a cualquier subvención, en las condiciones, en su justificación, y que tiene reflejo, como es obvio, en los programas que emiten TODAS las instituciones. Es necesario superar la política de subsidios para construir calles, abastecimientos, alcantarillados o alumbrados públicos, al tratarse de servicios básicos.

El medio rural aragonés sufre, además, la gestión deficiente de un Gobierno de Aragón que presta unos servicios básicos (salud, educación, transporte…) totalmente insuficientes para garantizar un notable nivel de vida y que, además, es incapaz de ofertar planes y propuestas concretas que, alejados de megaproyectos inverosímiles, sirvan para apoyar la vida en los pueblos. Todo esto se sustancia en la falta de dotación económica a los Consejos comarcales desde hace cinco años. En este sentido hasta el propio Consejero de Política Territorial, Justicia e interior del Gobierno de Aragón ha reconocido que el presupuesto de las comarcas no ha aumentado en cinco años, ni tan siquiera el IPC, que hubiese supuesto un 20% de incremento en los presupuestos de las comarcas, que se hubiese traducido en más y mejores servicios para los municipios. Todo esto se agrava, ya que las comarcas ofrecen servicios que ni tan siquiera tienen transferidos. Esta situación exige la elaboración de una nueva ley de financiación de las comarcas, donde se revise la utilización y carácter del Fondo de Cohesión Comarcal.

El recién aprobado Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno central no resolverá los graves problemas financieros de los entes locales y tampoco favorecerá con ello la generación de empleo, la diversificación económica y el equilibrio territorial, aunque debe servir como modelo para otras subvenciones y para otras instituciones en cuanto al reparto proporcional y equitativo, es decir, la financiación al cien por cien y el anticipo de los fondos a los ayuntamientos, sin obviar que debería estar destinado, prioritariamente, a finalizar inversiones y servicios -presupuestados con anterioridad o no-, cuya puesta en marcha podría generar miles de puestos de trabajo en residencias, escuelas infantiles, centros de día, museos, etc.

Las entidades más representativas de los Ayuntamientos tampoco han sido conscientes de esta situación, ni han planteado soluciones equitativas. En todo caso abierto el debate de la financiación de los ayuntamientos, responsabilidad exclusiva del Estado, según mandato Constitucional, manifestamos y proponemos las siguientes resoluciones:

1. Instamos al Gobierno del Estado que garantice a los pequeños Ayuntamientos un fondo anual no inferior a 365 euros por habitante, por lo tanto que se establezca como norma la discriminación positiva a favor del medio rural y el Fondo Estatal de Inversión Local se convierta en un fondo estructural permanente.

2. Instamos al Gobierno de Aragón que reduzca el Fondo de Cohesión Comarcal y que aumente en la misma los Fondos transferidos directamente a las Comarcas, así como que y actualice para éstas y para el Fondo Local el IPC de los últimos cinco años.

3. Instamos a las Diputaciones Provinciales a reducir el gasto propio, a destinar más recursos para los Ayuntamientos subvencionados al 100%, tanto para gasto incondicionado como para las inversiones de servicios básicos (abastecimiento, alcantarillado, alumbrado y pavimentación) y para la generación de la actividad económica.

4. Instamos a los partidos políticos que abran un debate profundo y valiente, huyendo del clientelismo y el sectarismo, para reconvertir los fondos dedicados a subvenciones para ayuntamientos en fondos de financiación directa de éstos.

Aragón, a 22 de diciembre de 2008.

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CHA celebró el pasado lunes la primera reunión del Consello Nazional como inicio del curso político. Tal y como explica la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, “a la preocupante situación económica que atraviesa Aragón, se le suma el mayor problema que se puede tener, un gobierno autonómico apático, gastado, sin liderazgo, sin idea y sin solvencia para afrontar esta crisis que, además, deberá asumir también la post Expo”.

Para Nieves Ibeas “durante el verano se han refugiado en el escaparate de la Expo pero ahora, con el inicio del curso político, no podemos permitir que tras este paraguas continúen olvidando temas tan importantes como son la mejora en las infraestructuras de comunicaciones, casos como la liberación de los peajes de la N-II y la N-232, la mejora del ferrocarril vertebrador del territorio… o que se puedan afrontar con garantías de calidad, es decir, con la financiación necesaria, las nuevas competencias” y añade “desde CHA vemos con mucha preocupación los recortes anunciados en el presupuesto para la Comunidad autónoma para 2009. Somos conscientes de que con un Gobierno PSOE-PAR como el actual, tan gastado y carente de rasmia, difícilmente se conseguirán soluciones que garanticen la puesta en marcha de una educación, una atención sanitaria y unos servicios sociales públicos de calidad para toda la ciudadanía, ahora que está realmente en riesgo hasta la aplicación de la Ley de Dependencia”.

El Consello Nazional de CHA valoró asimismo como muy negativa su ausencia en el Congreso de los Diputados, por cuanto entiende que ahora no hay ningún representante de los intereses aragoneses en Madrid. Según explica Nieves Ibeas, “durante ocho años hemos luchado, año tras año llegar a acuerdos que aumentaran el montante destinado a Aragón, introduciendo enmiendas a los Presupuestos para incluir partidas destinadas al progreso de esta tierra. ¿Quién velará ahora por los intereses de las y los aragoneses? Desde luego, tal y como ha quedado perfectamente demostrado en cuestiones como el Decreto que posibilitaba el trasvase del Ebro a Barcelona, los diputados de los partidos estatales, no.”

Precisamente, una de las cuestiones en las que más se tiene que oír la voz en Madrid en opinión de CHA es en la defensa de la financiación municipal. CHA quiere poner en marcha una campaña con el objetivo de “agitar la Moncloa” en este sentido para que se escuchen las demandas de los ayuntamientos aragoneses. El Vicesecretario General de CHA, Gregorio Briz, ha explicado que “CHA pondrá en marcha una campaña de presentación de mociones en ayuntamientos, comarcas y diputaciones para reclamar desde Aragón un modelo de financiación que garantice la prestación de servicios”. Para Briz, no es comprensible ni coherente un tipo de política que consista “en vender de forma populista un “regalo” de 400 euros a los contribuyentes y luego se pretende ahorrar restringiendo el dinero que reciben los ayuntamientos para los servicios públicos, sabiendo que en muchos casos no cuentan con la suficiencia mínima en el momento actual.” Por ello mismo, Briz ha insistido en que “no hay justificación posible para el recorte de la financiación destinada a las instituciones más cercanas y vinculadas a la ciudadanía que pretenden llevar a cabo, y mucho menos en Aragón, con las características poblacionales y territoriales que tenemos”.

TEXTO DE LA MOCIÓN que presentará CHA:

Después de varios meses de negar la evidente crisis económica en la que estamos inmersos, el Gobierno central ha anunciado que una de las medidas que prevé para hacer frente a dicha crisis va a consistir en el recorte de las transferencias económicas a los Ayuntamientos. Esto supone una actuación de graves consecuencias para todos los municipios españoles, independientemente del color político de sus dirigentes, habida cuenta que buena parte de los servicios y obras que se ejecutan o se prestan desde las Administraciones locales se realizan con cargo a dichos ingresos.

Desde hace ya varias décadas seguía pendiente en España el análisis de los servicios reales que prestan los Ayuntamientos, así como el coste efectivo de los mismos y el origen de las competencias para ejercerlos. Cuando por fin desde la FEMP se hace una valoración somera de lo que el Gobierno español debería transferir a los Ayuntamientos para alcanzar el equilibrio entre los servicios prestados y las transferencias recibidas, cifra que alcanza los 7.000 millones de euros, y cuando por fin se había planteado establecer una mesa de negociación, desde el ejecutivo de Zapatero de ha echado un jarro de agua fría a estas expectativas locales.

En la actualidad, y junto con el Impuesto de Bienes Inmuebles y las tasas y precios por prestación de servicios públicos o realización de actividades, las transferencias de la Administración General suponen la mayor fuente de ingresos de los Ayuntamientos.

Y, a su vez, la producción de bienes de carácter social o la prestación de servicios sociales supone la partida más abultada de todos los gastos municipales en su conjunto, de lo que se deduce que cualquier recorte en las transferencias de la Administración General del Estado, unido a la disminución de ingresos municipales derivada de la crisis de la construcción, va a suponer bien un aumento de los impuestos locales, bien un recorte en las prestaciones que los ayuntamientos realizan en estos momentos.

Con el fin de no trasladar a los Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones Provinciales y por tanto a sus ciudadanos, una mayor presión fiscal que la que en estos momentos soportan, y seguir prestando en los Ayuntamientos los servicios sociales que en estos momentos se realizan, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente moción:

1. El Ayuntamiento / La Comarca / La Diputación Provincial de ………………. acuerda trasladar al Gobierno central su más rotundo rechazo a la política económica de recortes que está planteando en las transferencias económicas a la Administración Local.

2. El Ayuntamiento / La Comarca / La Diputación Provincial de ………………. acuerda instar al Gobierno central a fin de que proceda a aprobar un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera de los entes locales.

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