NO HABRÁ PIEDAD PARA LOS/AS CORRUPTOS/AS: PROPUESTAS DE CHA EN LAS INSTITUCIONES

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EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA, EN DEFENSA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA EN DEFENSA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN (APROBADA POR UNANIMIDAD: PP, GRUPO INDEPENDIENTE, CHA, CDL Y PSOE)

EXPOSICIÓN

El Justicia de Aragón es una figura específica de Aragón que surge en el siglo XIII, como un “juez medio” entre el Rey y el Reino, o entre los Nobles entre sí y que, con distintas variantes, mantiene esas características, a las que añade en 1283 la Presidencia de las Cortes y va adquiriendo papeles de garante del derecho foral, lo que consta en las Cortes de Aragón de 1300. Desde 1348, es el intérprete de ese derecho. Y tenía la función de la “manifestación”, es decir, el amparo frente a jueces parciales para lo que tiene una cárcel especial de protegidos o manifestados, peculiaridad solo comparable al «habeas corpus» de la Carta Magna inglesa.

Es una figura que suscitó admiración en toda Europa para los pensadores políticos franceses del XVI y para los revolucionarios británicos del XVII, pues su acción amparó a la generalidad de la sociedad aragonesa.

La institución desapareció con la derrota aragonesa frente a las tropas del primer Borbón, Felipe V de Castilla, en 1707, pero siguió viva en el imaginario colectivo nacional. En 1821 se colocó en la Plaza del Justicia una lápida de homenaje a Juan de Lanuza V. En 1904 se erigió el monumento al Justiciazgo en la Plaza de Aragón por suscripción popular. En 1914 se trasladaron los restos de Juan de Lanuza de la Diputación a San Cayetano, donde descansan, en una gran manifestación popular.

El Justicia de Aragón, por lo tanto, no solo tiene nada que ver con el “defensor del pueblo autonómico”, ni surge con la II Restauración borbónica española de 1978. Es una institución propia de Aragón y como tal hay que entenderla. El actual es el sexagésimo noveno Justicia de Aragón.

La derecha española, ignorante de todos estos datos y en el marco de un proceso de ataque sistemático a la realidad plurinacional, de imprevisibles consecuencias, presentó en noviembre pasado un informe en el que, entre otras cuestiones, incluye medidas que atentan gravemente al autogobierno aragonés y a nuestras instituciones reconocidas en el artículo 32 del actual Estatuto de Autonomía y a organismos propios, como la Cámara de Cuentas (Art. 112 del EA), que no es sino heredera de la figura del Maestre Racional, creado en 1283, para fiscalizar la gestión económico-financiera y contable.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Ayuntamiento de La Muela, consciente de la necesidad de defender el autogobierno y las instituciones aragonesas, frente a agresiones exteriores, ACUERDA:

1.- Mostar su profundo rechazo al informe de 18 de noviembre de 2013, elaborado por la subcomisión de duplicidades administrativas, creada en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, por entender que incluye medidas que atentan gravemente contra las instituciones y el autogobierno de Aragón.

2.- Instar a las Cortes de Aragón, al Gobierno y a su Presidenta, como representante del País, a defender el autogobierno y las instituciones de Aragón y trasladar su rechazo a dicho informe a la Administración del Estado.

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“VALDEJALÓN DEFIENDE EL AUTOGOBIERNO Y LA FIGURA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN”. ARAGÓN DIGITAL (06.01.14) Y “RESPALDO A LA FIGURA HISTÓRICA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN”. HERALDO DE ARAGÓN (07.01.14)

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IMANOL ARTEAGA Vs MARÍA VICTORIA PINILLA BIELSA, POR ÁLBARO ABADÍAS RALUY, PRESIDENTE DEL LIGALLO DE REDOLADA DE CHA DE ZINCA MEYA (CINCA MEDIO)

Artículo publicado en la revista Ecos del Cinca de Monzón

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Es necesario que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

Imanol Arteaga concejal de CHA en el Ayuntamiento de Ricla ha visto como su nombre estaba últimamente en los medios de comunicación por haber denunciado públicamente que lo habían intentado comprar para que permitiera determinadas actuaciones urbanísticas en este municipio a cambio de 150.000 €. El empresario José Ansó Ansó, ha reconocido que sometió al edil a un auténtico acoso y que intentó sobornar al concejal de CHA. Pero le salió mal: el concejal lo denunció y la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor de un delito de cohecho que finalmente le ha costado una pena de dos años de prisión y una multa de 150.000 €. Esta es una prueba de que no es cierto que todos los partidos seamos iguales. En absoluto.

Mientras a las gentes de CHA se nos “abren las carnes” ante el espectáculo bochornoso de ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 €. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada?.

Por desgracia, en estos últimos años, los partidos que gobiernan Aragón, PSOE y PAR, se están preocupando en primer lugar por sus sillones, y para colmo tanto ellos como el PP, digan lo que digan, están permitiendo que personas con graves imputaciones por delitos de corrupción sigan en sus puestos, aquí, en Aragón, como sucede en La Muela, y en otros puntos del Estado. ¿A qué juegan?.

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PINILLA NO SE CORTA UN PELO

Editorial. El Periódico de Aragón. (14.03.10).

El Ayuntamiento de La Muela sigue recalificando suelo. Bajo la presidencia de una alcaldesa imputada por múltiples delitos y con un concejal de Urbanismo implicado también en el cúmulo de irregularidades destapadas por la Operación Molinos, la localidad vive una situación más que anómala. Ha dimitido parte de la corporación, la oposición que aún se mantiene en activo debe pelear por conseguir alguna información de lo que se cuece en la Casa Consistorial y todos los datos permiten indicar que María Victoria Pinilla se ha determinado a dejarlo todo atado, o sea, a exprimir La Muela hasta el final. La situación será todo lo legal que se quiera, pero es absolutamente anómala. Una actitud como la de Pinilla rompe todas las reglas del juego; esas reglas no escritas que cualquiera da por supuestas. Cuando el sumario de La Muela acumula ya 60.000 folios, la continuidad en el cargo de la alcaldesa es una anomalía insufrible. El hecho de que, además, siga tramitando a toda velocidad suelo edificable como si nada hubiera pasado rompe cualquier esquema previo. Los paralelismos con Marbella se intensifican. ¿Seguro que las instituciones de nivel superior no pueden más que contemplar impotentes el desaguisado?

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¿CORRUPCIÓN TOLERADA?, POR GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ, VICESECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE CHA

Artículo publicado en El Periódico de Aragón

Una definición de corrupción política sería: «el mal uso público-gubernamental del poder para conseguir una ventaja política ilegítima, generalmente secreta y privada». Según la Sociología Política no hay acuerdos unánimes sobre la definición de corrupción, aunque Gibbons identifica como corrupto todo comportamiento que, de convertirse en conocimiento público, conduciría a un escándalo. Esta definición tiene en cuenta las actitudes e implica que un acto pudiera ser corrupto en algunas ocasiones y lugares, pero no en otros. Según la variación cultural un comportamiento escandaloso, como el caso de La Muela, podría llegar a considerarse normal.

La corrupción política es una realidad mundial y su nivel de tolerancia evidencia la madurez política de cada Estado. En el español, algunos casos de corrupción son considerados como escándalos y la tolerancia, en ese caso, debería ser cero. Si esto fuese así seguramente no ocuparíamos el lugar 28 del mundo en lista de países corruptos.

El clientelismo es otra de las lacras que merma la calidad de la acción política. La sociedad se acostumbra a la presencia de los patrones clientelares, «busca su moderación, y llega a distinguir entre buenos y malos caciques». Ésta es una argumentación del caciquismo del siglo XIX en España que, a día de hoy, parece que no ha sufrido transformaciones en la democracia actual.

La corrupción parece que es un problema eminentemente político y habría que imbricarlo en el estudio del caciquismo moderno- y sus redes de clientela- y éste, a la vez, en la conformación estructural y alianza de las clases dominantes. Las oligarquías actuales ejercen formas de control social y dominación política, en aras a perpetuar su posición socioeconómica preeminente.

La opacidad de la corrupción, la poca luz sobre estos temas proviene de los medios de comunicación o de la experiencia personal, se ha modificado moderadamente por la propia dinámica de interna de los partidos, que han provocado luchas internas: el PP y el caso Gürtel, el PAR y La Muela, etc. Por otro lado también hay mayor transparencia por ciertas exigencias planteadas desde el contexto internacional (Unión Europea) que presiona a las elites frente al manejo del Estado.

Además de la parte monetaria, la mayor repercusión de la corrupción y del caciquismo es el coste moral (Rubén Aroca, 2009) porque se desmoronan los principios de la ética pública, de la política e incluso se llega a la aceptación de la corrupción como una consecuencia inevitable del poder: ¿para conseguir candidatos, en algunos municipios, sólo es necesario ofrecer un puesto de trabajo en la administración o en sus cercanías?

Hay cuestiones determinantes que fomentan que se genere corrupción. Por una parte, la ineficiencia de los servicios públicos que crea malestar y provoca privatizaciones. Por otro lado, la escasa integración social e implicación de la ciudadanía, provocada en gran parte por el escepticismo sobre el buen funcionamiento de la democracia actual y la herencia de la sociología franquista, que facilita la impunidad a la hora de actuar. Las instituciones, los medios de comunicación, las organizaciones… deben hacer frente a los casos de corrupción pero, la sociedad, con su implicación y su protesta, también tiene un papel muy importante a la hora de frenar las actitudes corruptas.

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