El Ayuntamiento de La Muela recibirá 400.000 € de Julián Miguel Ortega (ARANADE), por la responsabilidad civil a favor de nuestro Consistorio, dentro de la «Operación Molinos», la mayor trama de corrupción de la historia reciente de Aragón. La cuantía ha sido consignada (ingresada) en la Audiencia Provincial de Zaragoza (Juzgada), por lo que estos ingresos se recibirán una vez que haya sentencia. Otra buena noticia para nuestro PUEBLO, esperando que no sea la última.
La empresa Aranade, gestora del urbanismo municipal de Orkoien en los últimos años, tendrá que devolver definitivamente los 6.791.097 euros que cobró del Ayuntamiento por sus servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró nulos los contratos del Consistorio con esta firma en abril de 2009 y por tanto todos los pagos efectuados a ella. Ahora, un auto del mismo Tribunal del pasado 1 de septiembre rechaza el recurso de Aranade, al que se adhirió el Ayuntamiento, a los que a su vez condena al pago de las costas.
«No sabemos si pueden emplear alguna artimaña legal, pero para nosotros esto es el final, hay una sentencia firme que no se puede recurrir», explicaron ayer los representantes del grupo de vecinos que desde el año 2006 litigan en los tribunales. Estos vecinos, entre los que se encuentran Carlos Armendáriz y Fernando Suescun, concejales de NaBai y del PSN, respectivamente, instaron al Ayuntamiento a que inicie ya, por la vía que corresponda, los trámites para recuperar el dinero.
El Ayuntamiento de Orkoien, presidido por Casimiro Larrea, en la anterior legislatura en Izquierda Unida y en la actual en la Agrupación de Izquierdas de Orkoien, y siempre con mayoría absoluta, adjudicó a través de la sociedad municipal Iturgain distintos contratos de gestiones urbanísticas a la empresa Aranade sin concurso. El Tribunal Superior de Justicia declaró nulos estos contratos y los pagos efectuados en abril de 2009. Según los vecinos, el Ayuntamiento se limitó entonces a enviar un escrito a Aranade para que «manifestara lo que considere conveniente», a lo que la empresa contestó con una serie de alegaciones y el Consistorio no hizo más gestiones. Meses más tarde, los vecinos solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia, lo que el tribunal aceptó el pasado mes de febrero. Aranade volvió a recurrir, recurso al que se adhirió el Ayuntamiento, y ahora el último fallo rechaza estos recursos.
De toda esta actuación del Ayuntamiento, los vecinos deducen que «el alcalde y los miembros de su grupo no quieren recuperar el dinero que debería estar en las arcas municipales» y le acusan de «defender los intereses particulares de la mercantil Aranade, en contra de los intereses del pueblo de Orkoien».
Este grupo de vecinos considera que si no se recuperan las cantidades pagadas indebidamente, la responsabilidad económica tendrá que ser asumida por quienes «con sus votos en el consejo de administración acordaron la celebración de estos contratos a dedo». En la actualidad forman parte del consejo de la sociedad urbanística municipal el alcalde, Casimiro Larrea, y cuatro concejales de su grupo. Los vecinos aclararon que ésta no es «una disputa política» y dijeron estar «hartos» de que un promotor «diga en nuestro pueblo todo lo que hay que hacer en materia de urbanismo y vivienda».
Los grupos municipales del Partido Socialista de Navarra (PSNPSOE), Izquierda Unida y Batzarre en el Ayuntamiento de Tudela, han solicitado a la fiscalía que investigue un cheque de 9.580.000 pesetas que el ex concejal socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad entre 1991 y 1995, Aurelio Rubio, pretende cobrar de la empresa inmobiliaria Incarsa. Las sospechas de los concejales tudelanos obedecen al hecho de que el administrador de esa sociedad, Julián de Miguel, es a su vez accionista mayoritario de una constructora, Urmisa, que edificó un inmueble con una licencia no ajustada a derecho otorgada por a el propio Aurelio Rubio.
Los tres grupos políticos indican en un documento presentado ante el juzgado que tuvieron conocimiento de que en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad se sigue un procedimiento ejecutivo a instancias de Rubio contra Incarsa para el cobro del citado cheque.
El pasado 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó sentencia considerando la licencia no ajustada a derecho al haberse construido más alturas que las determinadas en el Plan Urbanístico de la ciudad. «Quien tanto empeño puso en sacar adelante una más que controvertida licencia de obras, diez meses después de dejar el cargo de concejal, es acreedor Como tenedor de un talón al portador de 9.580.000 pesetas de una empresa como Incarsa, que si bien está dada de alta en licencia fiscal, no se le conoce actividad mercantil en la zona», aseguran los grupos municipales.
Aurelio Rubio ha respondido que se trata de un dinero que prestó a Julián de Miguel, quien le otorgó un talón sobre el que respondían los socios de Incarsa, y que, al pasar el tiempo y no poder cobrarlo, ha acabado siendo reclamado por vía judicial.
Pd. El administrador único de ARANADE, compañía de gestión inmobiliaria integral que dirige la Sociedad Urbanística de La Muela se llama Julián de Miguel…
CHA LA MUELA 