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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON «HISTORIA» HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de «memoria histórica«, y conocer el «pasado» de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Vía Adrián Tello Gimeno

Ayer, 31 de julio de 2010, casi año y medio después que se destapara la presunta trama de corrupción del caso La Muela, más conocida como “Operación Molinos”, El Periódico de Aragón publicaba la siguiente noticia: “La DGA reclama 432.000 € por vía de apremio al Ayuntamiento de La Muela”. Dicha cantidad dinero corresponde a la famosa subvención que concedió el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y que presuntamente se desviaron hacia al equipo de fútbol…

Paradojas de la vida, el pasado 20 de mayo, en el Pleno de las Cortes de Aragón, los grupos que sostienen al Gobierno, es decir, PSOE y PAR, alegando que “no existían motivos jurídicos”, rechazaron una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Chunta Aragonesista (CHA), para que el Gobierno de Aragón se personara como acusación particular en el procedimiento penal instruido en el Juzgado de La Almunia por el caso de corrupción en La Muela, entre otras cosas porque “el Instituto Aragonés del Agua tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros en aplicación de la normativa general reguladora de las subvenciones”.

Cada un@ que saque sus consecuencias, pero mientras el Gobierno de Aragón sigue mostrando una enorme tibieza (por decirlo suavemente) para luchar contra la corrupción en La Muela y en Aragón, en el mismo periódico aparecía también otra noticia en la que aparecían los nombres y apellidos de la persona imputada número 42. En Marbella se procesaron a 86 personas a la espera de juicio. Aquí, ya nos vamos acercando, y por cierto, ¿La Alcaldesa? Pues ejerciendo la Alcaldía…

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Editorial. El Periódico de Aragón. (14.03.10).

El Ayuntamiento de La Muela sigue recalificando suelo. Bajo la presidencia de una alcaldesa imputada por múltiples delitos y con un concejal de Urbanismo implicado también en el cúmulo de irregularidades destapadas por la Operación Molinos, la localidad vive una situación más que anómala. Ha dimitido parte de la corporación, la oposición que aún se mantiene en activo debe pelear por conseguir alguna información de lo que se cuece en la Casa Consistorial y todos los datos permiten indicar que María Victoria Pinilla se ha determinado a dejarlo todo atado, o sea, a exprimir La Muela hasta el final. La situación será todo lo legal que se quiera, pero es absolutamente anómala. Una actitud como la de Pinilla rompe todas las reglas del juego; esas reglas no escritas que cualquiera da por supuestas. Cuando el sumario de La Muela acumula ya 60.000 folios, la continuidad en el cargo de la alcaldesa es una anomalía insufrible. El hecho de que, además, siga tramitando a toda velocidad suelo edificable como si nada hubiera pasado rompe cualquier esquema previo. Los paralelismos con Marbella se intensifican. ¿Seguro que las instituciones de nivel superior no pueden más que contemplar impotentes el desaguisado?

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Chesús Bernal BernalEl señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Nieves Ibeas Vuelta, Presidenta Nazional de CHALa Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha presentado una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno central esta medida. Señala que «es muy grave que se pueda pensar que aquí vale todo. Esperamos que todos los partidos voten a favor de esta propuesta porque es inmoral que se permita que la Alcaldesa, imputada por gravísimos delitos relacionados con la gestión municipal, vuelva a dirigir el ayuntamiento como si no hubiese pasado nada».

CHA a dado a conocer la proposición no de ley presentada en las Cortes de Aragón en la que se pide al Gobierno de Aragón que solicite al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela.

Para la Presidenta de CHA y Presidenta del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, «un Gobierno de Aragón responsable debería haber evitado que la Alcaldesa de La Muela, imputada por graves delitos derivados de la gestión municipal, siga desempeñando su cargo como si no hubiese pasado nada. Es lamentable e inaudito que hayan permitido su vuelta al cargo». Para Nieves Ibeas «esta proposición no de ley refleja la demanda que la sociedad aragonesa tiene en la cabeza y en el corazón» y añade que «no se puede permitir que la política se convierta un todo vale».

Para Nieves Ibeas «la sociedad está reprobando esta situación, que es indignante, y el Gobierno de Aragón no puede seguir mirando para otro lado en este asunto». Y añade que «existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, tal y como está ocurriendo en La Muela, así que vamos a reclamar que lo haga».

Nieves Ibeas también señala que «el PSOE y el PAR han estado muy preocupados por defender la autonomía local. Desde CHA también apostamos por ella pero en casos como éste, la situación excede del ámbito del municipio así que tendrán que posicionarse ya que La Muela está siendo ejemplo de falta de dignidad política y mala gestión. Tampoco podemos olvidar las veces que han alabado la gestión de María Victoria Pinilla hasta el momento en el que la imputaron» y recuerda que «CHA lleva años denunciando que detrás de la imagen idílica de la localidad se esconden una gestión turbia, falta de servicios sociales y condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos/as, no sólo de los familiares y amigos/as de la Alcaldesa».

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Nieves Ibeas VueltaLa situación generada tras la puesta en libertad bajo fianza de Mª Victoria Pinilla, y conocerse su intención de reincorporarse a su puesto de alcaldesa de La Muela, es gravísima e incomprensible para toda la ciudadanía aragonesa, entre la que me incluyo. ¿Cómo es posible que una persona imputada por delitos de corrupción pueda volver a ocupar el cargo público desde el que supuestamente cometió dichos delitos? Que la Ley lo permita no significa que sea admisible desde el punto de vista social y político.

La salud democrática exige que Pinilla deje de ser alcaldesa cuanto antes. Y esto solo puede ocurrir si dimite, si los concejales que la apoyan secundan una moción de censura o si se disuelve el Ayuntamiento. Las dos primeras soluciones parecen harto difíciles, pero no la tercera, a pesar de las resistencias del Gobierno de Aragón y de los partidos que lo componen, PSOE y PAR, que están demostrando una tibieza inadmisible en todo este asunto, haciendo como que no va con ellos. Marcelino Iglesias ya se ha negado una y otra vez a comparecer en sede parlamentaria para explicar las responsabilidades de cargos de su Gobierno y de la Administración aragonesa en las autorizaciones que han permitido actuaciones irregulares en La Muela. ¿Por qué se niega ahora a asumir la responsabilidad de hacer lo que está en su mano para resolver la vergonzosa situación en la que se encuentra el municipio?

Si fue posible en 2006, y con gobierno socialista en la Junta de Andalucía, disolver el Ayuntamiento de Marbella, también lo es en La Muela, donde las circunstancias son prácticamente idénticas. Estamos ante el “supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales” que exige la Ley de Bases del Régimen Local para poder disolver un ayuntamiento. Hay, además, una contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación, una situación procesal de diversos cargos municipales imputados y un cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, tráfico de influencias, delitos urbanísticos…) que provocan escándalo y alarma sociales, descrédito de la democracia municipal y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Éstas son, literalmente, las justificaciones en que se basó el Real Decreto 421/2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella.

El Gobierno de Aragón no debería tardar ni un minuto más en pedir al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela. CHA va a registrar en las Cortes una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno a dirigirse al Gobierno central con ese objetivo. Es nuestra obligación ética y política hacerlo, y exigirlo, porque el de La Muela es un penoso ejemplo de una manera de entender y practicar la actividad política que no admite excusas ni medias tintas. Quien flaquee en la defensa de la honradez y la honestidad en la gestión de lo público, que tiene su propio código más allá del penal, está haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático y a la lucha contra la corrupción, que no debería depender del signo político de los encausados.

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Nieves Ibeas Vuelta, Presidenta Nazional de Chunta Aragonesista (CHA) y Diputada de CHA en las Cortes de AragónChunta Aragonesista considera inadmisible que la alcaldesa de La Muela, Mª Victoria Pinilla, pueda volver a ejercer el cargo una vez que fue puesta ayer en libertad provisional bajo fianza de 800.000 euros. “El cargo de alcaldesa es el que le ha permitido cometer, presuntamente, los delitos por los que se la imputado y está todavía siendo investigada”, ha señalado la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha que exigido su dimisión junto a la de otros dos concejales también imputados y que no han renunciado al acta.

Sin embargo, ante la determinación de Pinilla, anunciada ayer públicamente, de ejercer de nuevo como alcaldesa, Ibeas ha afirmado que “no podemos permitirlo ni permanecer callados, ni permitir que las instituciones públicas y las instancias políticas se inhiban, y vamos a pedir la disolución del Ayuntamiento de La Muela”. Chunta Aragonesista presentará una iniciativa en las Cortes instando al Gobierno de Aragón a trasladar esta petición de disolución al Consejo de Ministros, el único órgano que puede tomar esta decisión.

“El Gobierno de Aragón dice que no es fácil disolver un Ayuntamiento, pero no es imposible y tiene la obligación ética de solicitarlo: en Marbella se hizo en 2006 y en el caso de La Muela concurren exactamente los mismos factores”, ha explicado Ibeas, refiriéndose a: la contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación, la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, el cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, tráfico de influencias, delitos urbanísticos, y el escándalo y la alarma social, el descrédito de la democracia municipal y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas que supone la situación de los miembros de la Corporación (justificaciones recogidas en el Real Decreto 421/2006 por el que se dispuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella).

“Los partidos políticos y las instituciones públicas hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la ciudadanía no piense que cualquiera puede hacer lo que quiera cuando ocupa un cargo público porque no va a pasar nada», ha continuado Ibeas, que ha criticado “la tibieza” mostrada hasta ahora por el Gobierno de Aragón y los partidos que lo conforman, PSOE y PAR, “que, cabe recordar, es el partido bajo cuyas siglas concurrió Pinilla a las elecciones municipales en varias ocasiones.

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