02/06/2010. Eduardo Bayona
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel, nueve de inhabilitación y una multa de 250.000 euros para Pedro José A. A., que el próximo 5 de julio responderá en la Audiencia de Zaragoza y ante un jurado popular de la acusación de cohecho por, presuntamente, haber intentado sobornar al concejal de Urbanismo de Ricla, Imanol Arteaga, para que lograr la adjudicación, total o parcial, de las obras de una urbanización de 200 hectáreas con 1.800 viviendas y campo de golf. El edil, que ejerce la acusación, reclama para el reo dos años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 450.000 euros.
El escrito de conclusiones provisionales del ministerio público señala que el empresario, condenado en su día a doce años de cárcel por secuestro, tras conocer el proyecto, «vio posibilidades de negocio, por lo que decidió ganarse al concejal». Para ello, le sometió a «un auténtico acoso» que incluyó visitas al taller en el que trabajaba, anota. Hasta que, el 20 de mayo del 2008, le entregó un pagaré al portador de 150.000 euros «diciéndole ´que era para él o para el pueblo´, y a cuenta del 3% que según dijo suelen pagar de ´comisión´ los constructores a las administraciones públicas que les dan obras». Dos días más tarde –el 21 era festivo–, y tras consultarlo con otros dos miembros del equipo de gobierno municipal de CHA, denunció los hechos ante la Guardia Civil, a la que entregó la carta de pago.
«Me metió un pagaré en el bolsillo de la camisa», explicó Arteaga. «A manotazos», puntualiza la acusación de su abogada.
«No me esperaba una cosa así en un pueblo como este. Si cuando entré hubiera sabido que me iba a pasar todo esto, no me presentó. Yo soy una persona muy normal», señaló el concejal, que añadió que «la primera vez que vino a verme, al trabajo, lo eché. Luego no hacía más que insistir y comenzó a ofrecerme dinero, y yo le decía que me dejara en paz. Otra vez volvió y volví a decirle que se fuera».
«Me duele en el alma tener que haber denunciado a una persona. A mí no me gusta ir al juzgado, pero la Justicia hará lo que tenga que hacer», apuntó.
La defensa del empresario, por su parte, solicita la absolución. Mantiene que, tras comenzar a sufrir «los devastadores efectos de la crisis» y contraer «numerosas deudas», se interesó por trabajar en Ricla, «que está en proceso de plena expansión». Allí, mantiene, contactó con el concejal, con el que mantuvo cuatro reuniones en las que asegura que fue el concejal quien le había pedido la mordida.
CHA LA MUELA 