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Monolito Polígono Industrial Centrovía (3).jpg

Ayer, casi a la vez, mientras ardía y de qué manera, el monolito del Polígono Industrial Centrovía en La Muela, D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, presentaba su dimisión como Ministro de Justicia –y de todos sus cargos en el PP-, poco después que D. Marianoabortara” el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada –más conocido como el Anteproyecto de Ley del Aborto o “Ley Gallardón”-, por no haber encontrado el “consenso” suficiente para sacarlo adelante…

Muchas veces se argumenta, y principalmente desde los sectores más conservadores, que salir a la calle a manifestarse para reivindicar nuestros derechos –en este caso el derecho a decidir de las mujeres– no sirve para nada. Para nada sirve la LUCHA QUE SE ABANDONA, QUE ES LA QUE SIEMPRE SE PIERDE.

Desde CHA La Muela solamente queremos recordar que con nuestro pequeño “granito” de arena, también hemos contribuido a tumbar la “Ley Gallardón“, ya que gracias a una Propuesta de Resolución (DESCARGAR AQUÍ) presentada por nuestro Grupo Municipal, con los votos favorables del Grupo Municipal de CHA, CDL, PSOE y los Concejales no adscritos (7), EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA RECHAZÓ EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL ABORTO (Solamente el Equipo de Gobierno, formado por el Grupo Popular, votó en contra).

ENTALTO AS MULLERS LUITADORAS!!!

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Pegallo. LIBERTÁ MULLERS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA, POR EL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBADA CON LOS VOTOS FAVORABLES DEL GRUPO INDEPENDIENTE, CHA, CDL Y PSOE (7), Y CON LOS VOTOS EN CONTRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP (6).

EXPOSICIÓN

El objetivo de un Gobierno debe ser procurar soluciones a los problemas, sin embargo, en el caso del PP, el Gobierno del Estado Español no hace sino crear problemas donde no los había, teniendo como fin último la restricción de los derechos y libertades.

Junto a estas restricciones, se legisla para evitar la defensa de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía. Las tasas judiciales para alejar el derecho de acceso a la justicia a buena parte de la población o la anunciada ley de seguridad ciudadana destinada a impedir que pueda manifestarse la libre opinión, son ejemplos del retroceso constante que están suponiendo las decisiones del PP, y que nos llevan a épocas pasadas que parecen añorar, en las que el aborto estaba restringido a las mujeres que podían pagarlo, exponiendo al resto que no podían a embarazos no deseados o a abortar en terribles condiciones.

En este marco, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad.

Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de La Muela ACUERDA:

PRIMERO-. Rechazar el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata.

SEGUNDO-. Solicitar que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres.

TERCERO-. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno del Estado Español, al Gobierno de Aragón y a los Grupos Políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

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El Periódico de Aragón. (18.06.10).

No vamos a reblar. En este tema, como en otros, las palabras no son suficientes, y si queremos atajar la corrupción, además de hablar hay que actuar. Eso es lo que estamos planteando una y otra vez desde CHA al resto de los partidos- aunque reconozco que sin demasiado éxito hasta el momento. No entiendo cómo alguien puede oponerse a dotar a los jueces de instrumentos legales para luchar más eficazmente contra la corrupción política y proteger los intereses generales de la ciudadanía.

El pasado 3 de junio defendí en las Cortes la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión. No parece lógico y quisimos resolver esta incongruencia. Pero ni PSOE, ni PP, ni PAR estuvieron dispuestos a entrar en el fondo de la cuestión y votaron en contra de la toma en consideración de nuestra proposición de Ley. No tenían ninguna intención de mejorar o modificar el texto que remitimos a las Cortes.

Sus argumentos fueron flojísimos e inconsistentes, y se veía de lejos que eran meras excusas. El portavoz del PAR tachó la iniciativa de “oportunista”. El PP habló de “ataque contra la presunción de inocencia”. El PSOE dijo que el debate no tendría que tener lugar en las Cortes de Aragón. Esos fueron los argumentos de estos flacos combatientes de la corrupción- ¡qué vergüenza! Los tres son responsables de que las cosas no cambien, desoyendo a la ciudadanía. El Gobierno PSOE-PAR prefiere incluso no saber oficialmente nada del caso La Muela y ha renunciado a personarse como parte en la causa, como le pedíamos hace unas semanas: ojos que no ven- ¿Y el PP, que con tanto ahínco ha estado increpando a Marcelino Iglesias por su inmovilismo frente a la corrupción? Lo de estos partidos es puro teatro.

SIN EMBARGO, jueces independientes y de prestigio consideran que permitir la suspensión temporal del ejercicio de cargo público es “factible y positivo” y, como en CHA también tenemos ese convencimiento, hemos llevado la propuesta hasta el Senado. Aprovechando nuestro acuerdo de colaboración política con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds para presentar iniciativas comunes en diferentes instituciones, la iniciativa se defenderá en dicha Cámara, tal y como expliqué el pasado jueves 10 de junio junto al senador Pere Sampol i Mas durante la presentación pública en Madrid de esta iniciativa, que ahora comenzará su tramitación.

AQUÍ, PSOE Y PAR se enrocan para no hacer nada respecto a La Muela, le quitan importancia (“es sólo un caso en nuestra comunidad”, “una excepción”) y afirman que no se puede legislar a la ligera y por oportunismo (olvidando, por cierto, que esa es una práctica común en su Gobierno, con leyes para permitir la venta del Fleta cuando les surgió un comprador, o la ley ad hoc para Gran Scala). Con su oposición están dando la impresión de darse por aludidos- ¿Por qué será? En realidad, el caso de la Muela no es único, puesto que se suma a todos los gravísimos de corrupción que también se están dando en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias- Nuestra propuesta afecta a una ley orgánica que será de aplicación en todo las comunidades y así debe ser entendida, porque el beneficio será para todas ellas.

La iniciativa sólo podrá salir adelante si la mayoría de los grupos políticos nos ponernos previamente de acuerdo en la necesidad de evitar que personas como la alcaldesa de La Muela sigan en su puesto y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo.

La corrupción se está convirtiendo en una lacra en todo el Estado, la sociedad está cansada de puyas de unos partidos contra otros, del “y tú más y tú antes y tú peor”. Si no hacemos nada, todos perderemos, porque nuestro sistema democrático y de garantías está basado en la representatividad, y nadie puede ser buen representante si no goza de la confianza de las personas a las que representa. La reforma que proponemos no será la panacea contra la corrupción. Lo sabemos, pero nadie ha conseguido convencernos hasta el momento de que resolver el vacío legal que ahora existe no sería positivo para nuestro propio sistema democrático. ¿Por qué se niegan, entonces?

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La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha explicado que “en la ciudadanía nadie puede entender que una persona, como la Alcaldesa de La Muela, esté imputada por un delito de corrupción y siga ocupando el puesto desde el que, presuntamente, se cometieron los  once delitos de los que se le acusa”.

CHA ha presentado hoy en el Senado, junto a Pere Sampol y Mas, Senador del Bloc per Mallorca i PSM- Verds, el contenido de una proposición de Ley Orgánica para que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. La iniciativa se ha registrado en el Senado a través del PSM-Entesa Nacionalista, partido con el que CHA tiene firmado un protocolo de colaboración política.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “la ciudadanía está escandalizada ante el nivel de corrupción e impunidad que existe entre determinados partidos políticos y, lo que más decepcionada, es cuando ve que no se hace nada al respecto. Ante esta realidad, proponemos una reforma en la Ley para impedir que los cargos públicos que están imputados sigan desarrollando las funciones desde el mismo sitio donde, presuntamente, cometieron los delitos de corrupción”.

“El caso de La Muela, con la Alcaldesa del PAR a la cabeza, situó a Aragón dentro del mapa de corrupción del Estado y, después de un año, vemos como la Alcaldesa sigue desempeñando sus funciones a pesar de que continúan las investigaciones. Es totalmente inadmisible “- explica la Presidenta de CHA.

En la presentación de la iniciativa, Nieves Ibeas, ha recordado el desarrollo de los acontecimientos en La Muela y las cifras del caso entre las que ha destacado que “existen 36 imputados entre ellos la Alcaldesa, que pasó 4 meses en la cárcel y está acusada de 11 delitos, familiares, concejales, personal administrativo y altos cargos de la Administración de Aragón”. Para Nieves Ibeas, “nadie en Aragón entiende que una Alcaldesa que está imputada por corrupción siga desarrollando sus funciones como si no hubiese pasado nada”.

“Lo más grave es la actitud del Gobierno de Aragón. Cuando hace años advertíamos de que lo que estaba ocurriendo en La Muela no era normal, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) ponía la gestión del Ayuntamiento de La Muela como ejemplo de desarrollo para Aragón. Una vez se destapó el caso, lo único que hacen es mirar para otro lado e intentar que no salpique” y ha recordado que desde CHA se han presentado dos proposiciones no de Ley en las Cortes que han sido rechazadas.

Desde CHA se ha reclamado que para todo el Estado “se ponga freno a este tipo de situaciones. Hay que aprovechar las Leyes y si estás no sirven, habrá que modificarlas para que se pueda. Lo que es incomprensible es que no exista una unión de fuerzas políticas para evitar situaciones de impunidad como la que estamos viviendo en Aragón con el caso de La Muela”.

Por su parte, el Senador del Bloc per Mallorca i Psm – Verds, Pere Sampol i Mas, ha destacado que se mostraba todo el apoyo a esta iniciativa ya que la perspectiva de CHA ante el tratamiento de los casos de corrupción es coincidente.

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