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ESTE JUEVES, A LAS 20.00 HORAS, HABRÁ PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

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El Alcalde del Ayuntamiento de La Muela, Adrián Tello Gimeno (CHA) y los Concejales que forman el Equipo de Gobierno, Pedro Bartolomé Pérez (CHA), Jaime Ameller Pons (PSOE), y Arturo Espada Roda (GANAR LM), queremos manifestar a las vecinas y a los vecinos de nuestro PUEBLO, que hoy, en este día histórico, por fin LA MUELA ha superado una etapa dramática en todos los sentidos (económico, social, cultural…). Un modelo político basado en la corrupción ha sido totalmente derrotado. Y aunque mañana, las muelanas y los muelanos nos seguiremos despertando con dieciséis millones de euros de deuda, podremos decir con la cabeza bien alta, que ahora en nuestro Ayuntamiento, que es de todas y de todos, se está trabajando muy duramente para revertir esta situación, y conseguir que nuestro PUEBLO sea cada día un lugar mejor y más libre, donde quepamos todas y todos, sin exclusiones.

#EstápasandoenLaMuela

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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON “HISTORIA” HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de “memoria histórica“, y conocer el “pasado” de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Noticias Disolución Ayuntamiento de La MuelaEn estas últimas semanas, que tanto se está volviendo a hablar de la “Operación Molinos“, a raíz de los escritos de calificación, presentados tanto por Fiscalía, como por la Acusación Particular del Ayuntamiento de La Muela, y las duras penas que se proponen para las más de cuarenta personas imputadas en la causa, las personas que formamos de una manera u otra, el Proyecto de CHA en el Pueblo de La Muela, nos gustaría hacer una reflexión antes de terminar el año…

A raíz de los escritos de calificación presentados tanto por Fiscalía, como por la Acusación Particular del Ayuntamiento de La Muela, en los que se proponen durísimas penas a las más de cuarenta personas imputadas en la “Operación Molinos“, los “mass media españoles” han utilizado estos hechos, para volver a realizar afirmaciones, que nada tienen que ver ni con la causa, ni con la “realidad social” de nuestro Pueblo, como que las vecinas y los vecinos del Pueblo de La Muela no pagábamos la luz –hecho totalmente falso-, que nos íbamos gratis de Viaje al Caribe –argumento reproducido por este Diputado de UPYD que se equivoca casi siempre que habla, un tal Toni Cantó…-, que no pagábamos impuestos, que los ingresos del Ayuntamiento provenían de “los molinillos” y no del urbanismo depredador, y en definitiva, que aquí como venía Julio Iglesias a cantar, no protestaba nadie, y que “todas y todos” mirábamos a otro lado con el “temica” de la corrupción…

Todo este “despliegue mediático” choca con su nula presencia, cuando hace cuatro años, el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, a través de una Proposición No de Ley (PNL), propuso la única salida existente para que las personas que habían estado en prisión, al salir de la misma, siguieran en los puestos donde presuntamente se habían cometido los “desastres“, es decir el Ayuntamiento. Esta PNL para que el Gobierno de Aragón instara al Consejo de Ministros la Disolución del Ayuntamiento de La Muela –al igual que hizo la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Marbella por las mismas causas que se daban en el Ayuntamiento de La Muela…– fue rechazada por los componentes del ejecutivo aragonés, es decir, por el PSOE y el PAR, pero entonces, “curiosamente“, como ya hemos dicho, los “mass media españoles” no aparecieron…

Os dejamos la explicación de voto que realizo nuestro Grupo Parlamentario, y con la última frase de Chesús Bernal Bernal, el mejor político que ha tenido este país llamado Aragón, que define perfectamente esta reflexión…

Explicación de voto de Chunta Aragonesista. El señor Bernal nuevamente ocupará la tribuna.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías.

Señor presidente.

Chunta Aragonesista, lógicamente y coherentemente, ha votado a favor de esta iniciativa.

Pero, ya que se habla de sinsentidos en distintas intervenciones, yo voy a decir cuál entiendo y cuál entiende mi grupo parlamentario que es el mayor sinsentido. El mayor sinsentido es que después de pedir un informe a la Comisión Jurídica Asesora en el mes de mayo y después de que supuestamente, si hay que seguir lo de la Comisión Jurídica Asesora, se sigue hasta el final coherentemente… Y se dice que no, y que no, y que no vamos a pedir nada.

El 6 de agosto, justamente el mismo día que se presentan ante el Gobierno de Aragón nueve mil doscientas firmas pidiendo el objetivo, el mismo objetivo, señor Tomás… Dice: «¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?». Pues está bien claro: la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y, como nueve mil doscientas firmas pedían lo mismo el 6 de agosto, ese día, a alguien, en el Gobierno, le temblaron un poco no el pulso, que es firme, pero las piernas, y emitieron un comunicado público. Y se emitió un comunicado público que dice que el Gobierno entiende o manifiesta su comprensión por la indignación y malestar mostrados por la plataforma vecinal y los firmantes del escrito. Vale. Hasta ahí… Pero es que luego añade el comunicado oficial del Gobierno de Aragón que las personas que están en el Ayuntamiento de La Muela no deberían seguir rigiendo los destinos de La Muela, y concretan: «la alcaldesa y los concejales sobre los que pesan numerosas y muy graves imputaciones». Y añaden: «Dadas las circunstancias, entendemos que personas imputadas no deberían regir el destino de la localidad». Ese es un comunicado oficial del Gobierno de Aragón. Vale, de acuerdo, muy bien. Estamos todos de acuerdo. El Gobierno de Aragón también quiere eso. Y pregunto: ¿cuántos métodos hay para conseguir ese objetivo que quiere el Gobierno de Aragón, cuántas vías, cuántos caminos? Solo uno, solo uno que esté en la mano de alguna institución aragonesa. Solo en una institución. Solo está en su mano, en la del Gobierno de Aragón. Solo está en mano del Gobierno de Aragón solicitar aquello que pregona que quiere, señorías. Si el Gobierno de Aragón, haciendo uso de una hipocresía galopante, quiere eso y solo él puede llevarlo a cabo, concluyan ustedes. ¿Por qué el Gobierno de Aragón no da el paso, no lleva a cabo la actuación que la legislación estatal le permite? Y sí que el día que se presentan nueve mil doscientas firmas, ese día dice que comparte ese objetivo y que no deberían estar. Pues, si no deberían estar, señor Velasco –le digo a usted porque es a quien le oí yo ese día la voz suya en ese comunicado oficial del Gobierno de Aragón-, si ustedes están de acuerdo y creen que eso es lo que hay que hacer, ¿por qué no utilizan la única vía que no tienen ni las Cortes de Aragón ni ningún otro ciudadano, salvo ustedes? ¿Por qué no dan el paso? Dicen eso, hacen un comunicado oficial, usted lo lee, y hoy vienen aquí y dicen lo contrario.

Y querría aclarar una cosa. Hoy, precisamente, el portavoz de Chunta Aragonesista en esta tribuna quiere aclarar una cosa. Precisamente hoy, en que habría que hablar mucho sobre la división de poderes, ¿alguien ha dicho que no se respete y que no queramos ayudar alguno de estos grupos parlamentarios a la justicia? Presenten una proposición no de ley para que todos apoyemos a la justicia, y todos la apoyaremos. ¿Alguien ha puesto en cuestión el trabajo de la justicia? ¿Alguien ha puesto en cuestión la división de poderes, señora Herrero? No, no. Mi grupo parlamentario, lo que ha hecho es utilizar una vía que tiene el ejecutivo y decirle que la utilice. Y no hemos dicho para nada nada de la justicia ni de que… Parece que usted pone en cuestión que, si decimos esto, no podemos hacer lo otro. No, no, nada de eso. Porque ustedes dicen: «¡Luchemos contra la corrupción!». Pero, cuando tienen un instrumento para luchar contra ella, no lo quieren utilizar, señor Velasco, no lo quieren utilizar.

Acabo ya, señor presidente.

Dice el señor Tomás que este es un caso aislado. Claro, léalo. Es que nosotros no pedimos que se tiren todas las manzanas del canasto, del cesto. Decimos que ese hecho aislado que ustedes dicen, que se llama Muela, La -alfabéticamente, Muela, La; Marbella; Muela, La-. Bueno, pues ese, ese sitio, que es el hecho aislado y terrible -y fantoches, y no sé cuántas cosas han dicho…, y botarates y no sé qué-, ese, que ustedes lo apliquen y que lo saquen del cesto. No hemos dicho que todos los ayuntamientos sean no sé cómo: ¡si en eso estamos de acuerdo! Hemos dicho: este, el de La Muela, que se disuelva. Ustedes mismos verán cómo actúan, pero el cinismo y la hipocresía van galopando a medida que avanza la legislatura.

Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

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Corrupción. Súmate al NO

Chunta Aragonesista presentará el jueves 26 de septiembre, en el próximo pleno de las Cortes, una proposición de ley para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal de forma que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción.

Si el juez puede enviar a la cárcel provisionalmente a un imputado, privándole de libertad, ¿por qué no puede suspenderle de ejercer su cargo público también preventivamente”, se ha preguntado Soro, que ha insistido en que el jueves se vota la toma en consideración de la iniciativa, y que después se trata de mejorarla en el trámite parlamentario. “Para este primer paso sólo se necesita voluntad política, pero real, no de boquilla”, ha afirmado.

CHA ya presentó esta misma propuesta hace 3 años, a raíz del escándalo de corrupción de La Muela, pero PP-PSOE y PAR votaron en contra de su toma en consideración en las Cortes y lo mismo hicieron en el Senado: CHA presentó allí la iniciativa gracias al acuerdo de colaboración con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.

¿Será este tercer intento el vencido?“, se ha preguntado Soro. Para CHA es urgente y necesario: “si no hubiéramos perdido tres años, ahora no habría imputados en cargos públicos o listas electorales, como sigue sucediendo, y la política habría ganado en transparencia y credibilidad ante la ciudadanía”, ha concluido José Luis Soro.

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Artículo publicado en la revista Ecos del Cinca de Monzón

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Es necesario que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

Imanol Arteaga concejal de CHA en el Ayuntamiento de Ricla ha visto como su nombre estaba últimamente en los medios de comunicación por haber denunciado públicamente que lo habían intentado comprar para que permitiera determinadas actuaciones urbanísticas en este municipio a cambio de 150.000 €. El empresario José Ansó Ansó, ha reconocido que sometió al edil a un auténtico acoso y que intentó sobornar al concejal de CHA. Pero le salió mal: el concejal lo denunció y la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor de un delito de cohecho que finalmente le ha costado una pena de dos años de prisión y una multa de 150.000 €. Esta es una prueba de que no es cierto que todos los partidos seamos iguales. En absoluto.

Mientras a las gentes de CHA se nos “abren las carnes” ante el espectáculo bochornoso de ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 €. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada?.

Por desgracia, en estos últimos años, los partidos que gobiernan Aragón, PSOE y PAR, se están preocupando en primer lugar por sus sillones, y para colmo tanto ellos como el PP, digan lo que digan, están permitiendo que personas con graves imputaciones por delitos de corrupción sigan en sus puestos, aquí, en Aragón, como sucede en La Muela, y en otros puntos del Estado. ¿A qué juegan?.

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Vía Heraldo de Aragón

Pedro José Ansó Ansó, de 66 años, ha reconocido que intentó sobornar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ricla, Imanol Arteaga, para que le permitiera construir en los terrenos en los que se planeaba levantar una macrourbanización. La fiscalía pedía para él cuatro años de prisión y una multa de 250.000 por un delito de cohecho, mientras que la acusación particular, ejercida por Isabel Giménez en nombre del concejal de Chunta Aragonesista, solicitaba dos años de cárcel y multa de 450.000 euros.

Al final, un acuerdo entre las partes va a evitar que se tenga que celebrar el juicio, para el que se iba a convocar a un jurado popular los días 5, 6 y 7 de julio. Y no será necesario organizar la vista oral porque el constructor se ha conformado con una pena de dos años de prisión y una multa de 150.000 euros.

Según el fiscal, Ansó, que tiene las empresas Belmur 30 S. L. y Bardají Delicias S. L., se enteró en abril de 2008 que en Ricla se estaba gestando una ampliación urbanística y que se proyectaba construir 1.800 nuevas viviendas, así como un campo de golf. Al ver posibilidades de negocio, “decidió ganarse” al concejal de Urbanismo, con quien se entrevistó al menos en cuatro ocasiones.

El fiscal asegura que sometió al edil a un “auténtico acoso” y que en la última reunión, celebrada el 20 de mayo de 2008 en el polígono de Ricla, le dio un pagaré de 150.000 euros diciéndole expresamente que eran “para él o para el pueblo” y, según dijo, “a cuenta del 3% que suelen pagar de comisión los constructores a las administraciones públicas que les dan obras”. Tras comentar el asunto con otros dos concejales y con su tío, denunció los hechos el 22 de mayo.

Al reconocer el acusado los hechos, se desvirtúan completamente sus primeras manifestaciones, cuando llegó a acusar al concejal de urbanismo de “obligarle” a entregarle el dinero. Queda claro por tanto que no lo hizo.

Ansó, natural de Tauste, fue condenado en 1990 a doce años de cárcel por secuestrar en 1983 al hijo de un comprador de cereales de Madrid que había estafado 70 millones de pesetas de entonces a varios agricultores de las Cinco Villas, entre los que estaba él.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Por culpa de los escándalos de corrupción,  y por culpa de la falta de contundencia de los partidos políticos implicados, la actividad política está sufriendo un grave desprestigio que debilita fundamentos primordiales de nuestro sistema democrático.  Los partidos políticos somos diferentes, aunque todos acabamos dentro del mismo saco, por desgracia. Y hoy se ha demostrado en las Cortes que somos diferentes y que nos tomamos el tema de la corrupción de forma también diferente (por decir algo): PSOE, PP y PAR van por un lado… pero ese no es el camino de CHA.

Desde multitud de sectores sociales se está esperando que los partidos políticos aprovechemos cualquier resquicio en contra de la corrupción. Por ética. Pero el PSOE, el PP, y el PAR no están por la labor. Ya puede estar tranquila la alcaldesa de La Muela, desde luego… Y Camps, y Matas, y los implicados en la trama Gürtel, y Fabra, etc. etc. etc.

Hoy han votado en contra de la propuesta de CHA para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público. Los jueces deberían contar con instrumentos jurídicos suficientes para apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos aprovechándose de sus empleos o cargos públicos. Y no los tienen.

Hoy por hoy, la ley permite la prisión provisional pero no permite que se aparte a estas personas de sus cargos. Conclusión: HAY QUE CAMBIAR LA LEY. Nuestra propuesta parlamentaria era muy clara: si estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pongámonos de acuerdo también para modificar la ley. Cambiemos las reglas del juego.

Los grupos parlamentarios tenían que votar esta mañana si se tomaba en consideración la propuesta de CHA, y ni eso han querido PSOE, PP y PAR. Si hubiera salido adelante, se habría abierto el debate y cada grupo habría tenido la oportunidad de presentar enmiendas para mejorar el texto. Pero ninguno de estos partidos han querido abrir el debate ni entrar de lleno en el fondo de la cuestión. ¿POR QUÉ? Pues eso…

Cada vez que los medios de comunicación informan sobre los problemas y situaciones escandalosas que se viven en el ayuntamiento de La Muela, o da vez que nos trasladan declaraciones de su alcaldesa, Mª Victoria Pinilla, todo el mundo se lamenta, se indigna y se rasga las vestiduras en público. ¡Ja!

¿Qué piensan en el PSOE, en el PP y en el PAR cuando leen las declaraciones de la alcaldesa de La Muela afirmando que no tiene intención de dimitir y que no dejará su cargo salvo que un juzgado la inhabilite o que ella misma decida irse?

Si jueces y tribunales pueden privar provisionalmente de su libertad a las personas encausadas –el bien jurídico más preciado- (que implica privación provisional del ejercicio de su empleo o cargo público), es lógico que también puedan privarles del ejercicio de su empleo o cargo público para proteger el interés general. A mi modo de ver, le debería parecer lógico a cualquiera con dos dedos de frente y una mínima ética política. Pero los diputados y diputadas del PSOE, del PP y del PAR han coincidido con su voto en contra.

Las excusas no han podido ser más peregrinas: que si se vulnera la presunción de inocencia (opinión del PP, que preferiría prolongar la prisión preventiva… ¿vulnera la presunción de inocencia apartar a alguien de su puesto y no la vulnera meterno en la cárcel?…

… que si las Cortes no son el foro adecuado -dice el PSOE, que preferiría, al parecer, más participación institucional (¿estarán pensando en la ONU, tal vez?)-…

… que si ésta no es la fórmula adecuada –PAR dixit, que es cierto que tiene experiencia en militantes imputados por delitos de corrupción…-

… que si en realidad nuestro grupo no tenía intención de solucionar nada… etc. Una vergüenza, de verdad.

Un sinfín de excusas a cual más mala para no mojarse. ¿Qué hubieran perdido PSOE, PP y PAR votando a favor? ¿A quién habrían perjudicado? ¿Qué problema tienen el PSOE y el PP en que este tema acabe llegando al Congreso de los Diputados, que es la única institución que puede modificar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal?

Desde el G.P.CHA intentamos hacer todo lo que tenemos en nuestra mano para devolver la dignidad pública a la actividad política. Unos cuantos ejemplos deleznables (por mucho que hayan sido ensalzados en el pasado dentro, incluso, de las Cortes, como ha sucedido con la alcaldesa de La Muela como alcaldesa del PAR) no deben empañar el gran trabajo realizado por la mayor parte de los cargos públicos.

Pero lo cierto es que cada vez que sacamos a relucir el tema de La Muela huele mal, pero hoy el hedor era insoportable en las Cortes de Aragón por culpa de la actitud cobarde de los grupos parlamentarios PSOE, PP y PAR. ¿Qué o a quién protegen unos y otros?

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PP, PSOE y PAR han votado hoy en contra de tomar en consideración la Proposición de Ley de CHA de reforma de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Juez instructor pueda suspender provisionalmente de su cargo público a los imputados por delitos de corrupción. Sólo IU ha apoyado la propuesta.

La iniciativa legislativa, que de haberse aprobado se hubiera tramitado en Cortes y luego remitido a las Cortes Generales (las competentes para modificar una ley orgánica) ha quedado rechazada. En el último año, los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, ya han rechazado una declaración general contra la corrupción, la disolución del Ayuntamiento de La Muela o la personación del Gobierno de Aragón en esta causa. En este caso, además, se les ha unido el PP.

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha lamentado profundamente que ni PP ni PSOE ni PAR hayan querido actuar con gestos concretos contra la corrupción y en defensa de los intereses generales, como la sociedad está demandando y como necesita la propia actividad política para no seguir desprestigiándose. “No sé qué están ustedes protegiendo”, ha señalado Ibeas, “pero están haciendo uno flaquísimo favor al sistema democrático”.

El Partido Popular ha considerado la iniciativa de CHA “un brindis al sol” y ha acusado a CHA de no querer, en realidad “solucionar el problema” de la corrupción, diciendo incluso que lo que se pretendía era “recuperar la antigua ley de vagos y maleantes”. Para el PP, suspender provisionalmente el ejercicio del cargo público podría suponer la vulneración de la presunción de inocencia, aunque consideran que este principio no se vulnera si el juez envía provisionalmente a los imputados a la cárcel, una contradicción que Nieves Ibeas les ha echado en cara en su réplica.

Por su parte, los grupos que apoyan al Gobierno, se han escudado en “excusas malas, malas, malas”, como las ha calificado Ibeas. El portavoz del PAR ha afirmado que la propuesta respondía a criterios de “oportunidad” y que no se podía “legislar a la ligera”. Y el del PSOE ha considerado que las Cortes no es el foro adecuado para esta reforma legislativa porque es necesario “un foro más participativo” con representación de todas las instituciones. La presidenta de CHA ha mostrado su preocupación por este argumento del PSOE que quita toda legitimidad a las Cortes como institución representativa de la ciudadanía y cuestiona su capacidad legislativa para concluir, irónicamente: “si no le parecen suficientemente representantivas, si le parece buscamos también en otros planetas a extraterrestres para garantizar la participación planetaria”.

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Vía CHA en la Aljafería

Este es un artículo de opinión de la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, sobre las motivaciones y objetivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público presentada por el grupo parlamentario y cuya toma de consideración se debatirá mañana, 3 de junio, en el pleno de las Cortes:

Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que propondremos mañana al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta mañana a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?

En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.

Esto es precisamente lo que proponemos al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?

Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.

Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.

La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Marcelino Iglesias tenía que haber participado hoy en el debate sobre la corrupción política en Aragón, pero ha llegado cinco minutos tarde, signo de que declinaba el ofrecimiento. Por 1ª vez, PSOE y PAR han aceptado que se incluyera una comparecencia sobre corrupción en el Pleno…  y se la aceptan precisamente al PP, en una semana aciaga para el proyecto de Rajoy. ¿Casualidad? ¡No!… ya sabían bien el PSOE y el PAR lo que hacían, desde luego… Y no se hablaba de “La Muela” ni de “Asael” en la pregunta…

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, en quien ha delegado hoy Iglesias, ha declarado que no entendía la razón de ser de la comparecencia. Entonces, ¿por qué la han aceptado? Está claro que no es porque ni el PSOE ni el PAR tengan vocación de mártires… No aceptan el debate si lo solicita CHA, pero ya saben que esta semana les convenía –incluso- entrar en el juego, con un PP de capa caída, profundamente desacreditado.

En vez de pensar en intentar devolver a la ciudadanía la confianza en nuestro sistema político, han preferido entrar en un juego apetecible, porque también es paradójico que el PP quiera exigir el cumplimiento de un código ético que no se aplican ellos mismos. Y, mientras tanto, el ayuntamiento de La Muela sigue dirigido por varias personas que tienen un buen montón de imputaciones graves, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza, que tras cuatro meses en la cárcel salió previo pago de la friolera de 800.000 euros de fianza… Esto no lo entiende nadie en la calle –salvo, en todo caso, quienes estén beneficiándose de la situación- porque es un auténtico sinsentido.

Si Velasco no entendía la razón de ser de la comparecencia pedida por el PP, que se lo digan a nuestro grupo parlamentario: nos han rechazado en 16 ocasiones 3 solicitudes para que el presidente Iglesias comparezca para hablar de las responsabilidades políticas de su Gobierno y de la Administración aragonesa en el caso de La Muela). Tenemos pendientes desde hace meses otras 3 solicitudes de comparecencias del Gobierno en las comisiones de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de Industria, en las Cortes, pero no comparecen. Llevamos casi un año esperando los informes del INAGA sobre cuestiones medioambientales relacionadas con proyectos urbanísticos en La Muela… y aquí estamos.

El Gobierno insiste en la “normalidad” que se vive en Aragón, pero debe de ser porque no se pasan por La Muela. Que les pregunten a quienes critican la gestión del equipo de Pinilla cómo lo viven allí, y lo verán claro. Y que valoren las actitudes y declaraciones chulescas de cargos públicos que han sido ensalzados como modelo de gestión municipal, hasta hace no demasiado tiempo, por los jefes de filas del PAR, sobre todo por su presidente, José Ángel Biel, su secretario general, Alfredo Boné… y hasta por el propio Marcelino Iglesias.

Los escándalos y las crisis políticas están presentes en diversas comunidades implicadas en tramas corruptas, y los medios de comunicación están dando buena cuenta de ello, con gente implicada del PP, de Unión Mallorquina, del Partido Socialista Catalán, del PNV… y, mientras tanto, los máximos responsables políticos de todos estos partidos intentan capear el temporal como pueden. Secretos a voces, en casi todos los casos, sin embargo. Como en Aragón, por otra parte. Como en La Muela.

Aquí, en Aragón, lo que ha sucedido en La Muela desde el punto de vista urbanístico, ¿ha sido ajeno al Gobierno o a la Administración? Cada vez que se ha vendido suelo público municipal en La Muela, ¿no es porque alguien, desde un puesto o cargo público, lo ha tenido que autorizar? Y ese alguien, ¿depende o no del departamento de Política Territorial, Justicia e Interior (PAR), y antes, de la Vicepresidencia del Sr. Biel, presidente del PAR? Hoy, Biel quieto en la mata, y Rogelio Silva, el consejero, ausente.

Cada vez que se ha aprobado un planeamiento urbanístico en La Muela, ¿no la ha tenido que autorizar la comisión provincial de Ordenación del Territorio? Hoy lo ha reconocido expresamente el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente (PSOE).

¿Quién decide que se exime o no de Estudio de Impacto Ambiental a un proyecto urbanístico? ¿No tiene nada que ver el departamento de Medio Ambiente, con el consejero Boné a la cabeza? ¿No tiene nada que ver el INAGA? ¿No es curioso que se obligara al ayuntamiento de Zaragoza a ese requisito para un camping municipal y se exima en el caso de la venta de 200 hectáreas en La Muela, o que llevemos casi un año sin recibir una información que tenía que habernos llegado en tres semanas?

Aquí, en Aragón, el PP acusa al Gobierno de inacción, pero fuera, ante las últimas noticias sobre Bárcenas, Esperanza Aguirre declara que esperan “a que se pronuncie el juez”; la secretaria general del PP, Cospedal, les resta importancia, y su presidente, Mariano Rajoy, señala que “hay que esperar al Supremo”. ¿No es lo que le critican en Aragón a Iglesias?

Por su parte, la vicepresidenta 1ª del Gobierno de Zapatero, Teresa Fernández de la Vega (PSOE) , manifiesta que “los políticos están obligados a dar explicaciones y a adoptar una posición más firme ante la corrupción”, como reacción a la tibieza de Rajoy. Y lo dice, aunque las personas imputadas no estén condenadas… mientras que el PSOE aragonés, más cauto por lo que le toca, opta por esperar las sentencias. Es más, su secretario general en Aragón, Marcelino Iglesias, insiste en que “los jueces son los que tienen que juzgar”. Todos barriendo para casa.

En cuanto al PAR, mejor ni hablar. Deben de pensar que cuanto menos se les oiga, con la que está cayendo, mejor… pero no es fácil olvidar a Biel, bien tieso, defendiendo a Mª Victoria Pinilla en tiempos en los que CHA ya levantaba la voz de alarma por la forma de gestionar de esta mujer y de su entorno.

A las personas que estamos en política nos juzga cada día la ciudadanía, y tenemos la obligación de ser intachables. No se está en política para engordarte los bolsillos, sino para trabajar por la ciudadanía. No hay más. Y esto no tiene que ver con aciertos o errores en decisiones políticas, que todo el mundo las tiene. Hablamos de otra cosa, hablamos de que no se debe estar en política para sacar rendimiento económico personal o partidista. Y los mensajes en la calle son confusos por culpa de muchas actitudes de los partidos políticos implicados en casos de corrupción.

Así que más vale que nos pongamos todas las formaciones manos a la obra para intentar devolverle a la gente su confianza en la actividad política y en el propio sistema democrático.

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Pese a la impotencia que parecen defender otros partidos políticos, en CHA pretendemos que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos para reaccionar frente a la corrupción política y que las instituciones públicas estén dispuestas a hacerlo con toda la contundencia que exige la defensa de los principios democráticos.

Nuestro grupo parlamentario ha defendido en las Cortes de Aragón pronunciamientos conjuntos de todos los partidos en contra de la corrupción, pero PSOE y PAR han votado siempre en contra. Hemos intentado que el Gobierno inicie el proceso para la disolución del ayuntamiento de La Muela, un ayuntamiento invivible y totalitario en el momento actual, absolutamente destrozado, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza (que tuvo que pagar, y pudo hacerlo, 800.000 euros de fianza para salir de la cárcel, donde pasó cuatro meses en 2009, por la Operación Molinos), y el PSOE y el PAR han votado en contra.

Ahora, hemos registrado una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que se incluya la posibilidad de que el Juez Instructor pueda acordar de forma provisional la suspensión de empleo o cargo público en los mismos términos que puede acordarle prisión provisional. Ya veremos qué pasa, pero sería más que deseable que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo para que esta iniciativa resultara aprobada para que pueda llegar a votarse en el Congreso de los Diputados.

CHA no quiere desaprovechar ningún resquicio, porque entendemos que hay que buscar políticamente la manera de hacer frente a casos escandalosos como los que se están viviendo. Y es necesario que todos los partidos seamos contundentes contra la corrupción.

Es más, no puede ser que la ciudadanía siga pensando por más tiempo que “los políticos” son una de sus preocupaciones más serias, como se desprende de la lectura del último Barómetro de Opinión. Una preocupación mayor, incluso, que la corrupción, y ello, muy seguramente, porque se está asimilando “actividad política” o “políticos” con “aprovechamiento indebido de los cargos públicos”, “enriquecimiento”, “privilegios”, “falta de credibilidad”, etc.

¿Con qué excusa se puede votar en contra de una propuesta como la que acabamos de registrar? Si de verdad se cree en la necesidad de impedir situaciones como las que se están viviendo en La Muela o en otros lugares de dentro o fuera de Aragón, la verdad es que yo no la veo por ningún lado.

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Vía CHA en La Aljafería

CHA va a registrar una proposición de ley para proponer la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de modo que el juez instructor de un caso pueda suspender provisionalmente a un cargo público imputado por algún delito, de forma que no puede seguir desempeñándolo.“Es un sinsentido que alguien que haya ido a prisión provisional imputado por uno o varios delitos pueda pagar la fianza y continuar en el puesto público desde el que presuntamente los cometió”, ha señalado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, en referencia a la alcaldesa de La Muela, Mª Victoria Pinilla.

“Si los partidos no hacemos algo, ni proponemos nada, le estamos siguiendo el juego a toda esta banda que da descrédito a la actividad política, no sirve esperar a que los jueces resuelvan los casos, políticamente son necesarios gestos contundentes para explicarle a la gente que no todo vale, que los políticos estamos no para engordarnos los bolsillos, sino para servir a la ciudadanía”, ha manifestado Ibeas.

Por todo ello, además de presentar esta iniciativa, CHA continuará exigiendo al Ejecutivo autonómico una actitud clara en contra de la corrupción política. “Hasta ahora, durante más de un año, PSOE y PAR no han querido hablar sobre el caso La Muela”, ha explicado la presidenta de CHA, recordando que por 16 veces consecutivas ambos se han negado a incluir en el orden del día del pleno las solicitudes de comparecencia del presidente Marcelino Iglesias. A esas hay que sumar otras 3 comparecencias pendientes de otros tantos consejeros, que seguimos esperando que atiendan desde mayo de 2009, así como varias solicitudes de información.

Sin embargo, mañana en el pleno sí se ha incluido una solicitud del PP para que el presidente Iglesias explique “su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla”. “PSOE y PAR la han aceptado porque no se nombra a La Muela”, ha afirmado tajante Nieves Ibeas, “y porque, en un claro ejemplo de oportunismo, el PSOE podrá arrojarle a la cara al PP los casos Matas, Fabra y Gürtel, con lo que los dos grandes partidos se enzarzarán en el habitual ‘y tú más, y tú antes, y tú peor’, lo que desde luego no contribuirá a dignificar la política, ni a aclarar nada sobre La Muela ni a responder a todas las cuestiones que siguen pendientes”.

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Editorial. El Periódico de Aragón. (14.03.10).

El Ayuntamiento de La Muela sigue recalificando suelo. Bajo la presidencia de una alcaldesa imputada por múltiples delitos y con un concejal de Urbanismo implicado también en el cúmulo de irregularidades destapadas por la Operación Molinos, la localidad vive una situación más que anómala. Ha dimitido parte de la corporación, la oposición que aún se mantiene en activo debe pelear por conseguir alguna información de lo que se cuece en la Casa Consistorial y todos los datos permiten indicar que María Victoria Pinilla se ha determinado a dejarlo todo atado, o sea, a exprimir La Muela hasta el final. La situación será todo lo legal que se quiera, pero es absolutamente anómala. Una actitud como la de Pinilla rompe todas las reglas del juego; esas reglas no escritas que cualquiera da por supuestas. Cuando el sumario de La Muela acumula ya 60.000 folios, la continuidad en el cargo de la alcaldesa es una anomalía insufrible. El hecho de que, además, siga tramitando a toda velocidad suelo edificable como si nada hubiera pasado rompe cualquier esquema previo. Los paralelismos con Marbella se intensifican. ¿Seguro que las instituciones de nivel superior no pueden más que contemplar impotentes el desaguisado?

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Juan Martín Expósito“Al margen del proceso judicial en el que declarará como imputado el próximo 15 de junio, las conversaciones telefónicas grabadas con el primo de la alcaldesa de La Muela demuestran una ‘berlusconización’ de la vida política intolerable en nuestro sistema democrático” afirma Juan Martín portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Antonio Becerril que renuncie a su acta de concejal con el fin de no ensuciar la actividad política.

“Esperaremos a ver cuáles son los siguientes pasos judiciales pero las conversaciones del ex Teniente de Alcalde de Infraestructuras y Participación Ciudadana con Carmelo Aured demuestran las formas de ser y de estar en política del señor Becerril algo que es incompatible con el compromiso ético que se exige a cualquier responsable público”, concluye el portavoz de CHA.

Para el grupo municipal de Chunta Aragonesista, las declaraciones dejan patente que determinados constructores estaban teniendo acceso a información municipal antes de que ésta se hiciera pública.

Por otro lado CHA no comparte la opinión del equipo de gobierno municipal en la que dicen que la actual decisión procesal no afecta a la situación de Antonio Becerril en el Ayuntamiento. Para CHA sí que afecta porque pone bajo sospecha todas las actuaciones de dicho concejal en el consistorio.

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Nieves Ibeas VueltaLa Presidenta de Chunta Aragonesista y del grupo parlamentario, Nieves Ibeas, volverá a utilizar este viernes, como hizo el mes pasado, el recurso parlamentario de la pregunta al presidente del Gobierno de Aragón para que Marcelino Iglesias hable en las Cortes sobre La Muela.

Los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR, han impedido por dos veces que se incluya en el orden del día del pleno la comparecencia solicitada al Presidente por este asunto: “no nos dejan más remedio que utilizar la pregunta de la sesión de control, ya que de ella, por el momento, Iglesias no puede escaquearse”, ha señalado Ibeas.

La pregunta que formulará la Presidenta de CHA es la siguiente: “¿Qué más se tiene que conocer públicamente sobre el caso de corrupción de La Muela, para que Vd. adopte decisiones políticas al respecto?”

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Chesús Bernal Bernal, Diputado de CHA en las Cortes de AragónPor segunda vez consecutiva, la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes han rechazado incluir en el pleno la comparecencia, solicitada por CHA, del Presidente Marcelino Iglesias sobre el caso La Muela. Los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR han hecho uso por segunda vez de su mayoría para evitar que Iglesias dé cuentas en las Cortes.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha señalado que “no nos queda otro remedio, puesto que es el único recurso parlamentario que nos dejan, que volver a preguntar al Presidente en la sesión mensual de control del próximo viernes, tal y como ya hicimos el mes pasado”.

Bernal ha afirmado no comprender “por qué el Presidente no acude a las Cortes: si no tiene nada que temer, ¿por qué no viene?”. Bernal ha instado a Iglesias a dar la cara para dignificar al propio Gobierno del que él es responsable, a la Administración autonómica y al sistema democrático “porque lo contrario es extender la sombra de duda que ya está instalada en la ciudadanía, muy indignada y preocupada por este asunto”.

El portavoz de CHA también ha aclarado que pedir a Iglesias que dé explicaciones “no es ninguna amenaza, ni queremos que venga a hablar del Ayuntamiento o la alcaldesa de La Muela, sino sobre los pasos administrativos y políticos que ha dado el Gobierno para que en el Ayuntamiento de La Muela se haya hecho lo que se ha hecho, que ha dado lugar a la apertura de diligencias judiciales”.

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