«CHA PROPONE LA DISOLUCIÓN JUDICIAL DE LOS PARTIDOS CON FINANCIACIÓN ILEGAL». HERALDO DE ARAGÓN (04.11.14)

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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON «HISTORIA» HACE CINCO AÑOS…

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de «memoria histórica«, y conocer el «pasado» de nuestro PUEBLO –ya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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UNA REFLEXIÓN ANTES DE TERMINAR EL 2013…

En estas últimas semanas, que tanto se está volviendo a hablar de la «Operación Molinos«, a raíz de los escritos de calificación, presentados tanto por Fiscalía, como por la Acusación Particular del Ayuntamiento de La Muela, y las duras penas que se proponen para las más de cuarenta personas imputadas en la causa, las personas que formamos de una manera u otra, el Proyecto de CHA en el Pueblo de La Muela, nos gustaría hacer una reflexión antes de terminar el año…

A raíz de los escritos de calificación presentados tanto por Fiscalía, como por la Acusación Particular del Ayuntamiento de La Muela, en los que se proponen durísimas penas a las más de cuarenta personas imputadas en la «Operación Molinos«, los «mass media españoles» han utilizado estos hechos, para volver a realizar afirmaciones, que nada tienen que ver ni con la causa, ni con la «realidad social» de nuestro Pueblo, como que las vecinas y los vecinos del Pueblo de La Muela no pagábamos la luz –hecho totalmente falso-, que nos íbamos gratis de Viaje al Caribe –argumento reproducido por este Diputado de UPYD que se equivoca casi siempre que habla, un tal Toni Cantó…-, que no pagábamos impuestos, que los ingresos del Ayuntamiento provenían de «los molinillos» y no del urbanismo depredador, y en definitiva, que aquí como venía Julio Iglesias a cantar, no protestaba nadie, y que «todas y todos» mirábamos a otro lado con el «temica» de la corrupción…

Todo este «despliegue mediático» choca con su nula presencia, cuando hace cuatro años, el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, a través de una Proposición No de Ley (PNL), propuso la única salida existente para que las personas que habían estado en prisión, al salir de la misma, siguieran en los puestos donde presuntamente se habían cometido los «desastres«, es decir el Ayuntamiento. Esta PNL para que el Gobierno de Aragón instara al Consejo de Ministros la Disolución del Ayuntamiento de La Muela –al igual que hizo la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Marbella por las mismas causas que se daban en el Ayuntamiento de La Muela…– fue rechazada por los componentes del ejecutivo aragonés, es decir, por el PSOE y el PAR, pero entonces, «curiosamente«, como ya hemos dicho, los «mass media españoles» no aparecieron…

Os dejamos la explicación de voto que realizo nuestro Grupo Parlamentario, y con la última frase de Chesús Bernal Bernal, el mejor político que ha tenido este país llamado Aragón, que define perfectamente esta reflexión…

Explicación de voto de Chunta Aragonesista. El señor Bernal nuevamente ocupará la tribuna.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías.

Señor presidente.

Chunta Aragonesista, lógicamente y coherentemente, ha votado a favor de esta iniciativa.

Pero, ya que se habla de sinsentidos en distintas intervenciones, yo voy a decir cuál entiendo y cuál entiende mi grupo parlamentario que es el mayor sinsentido. El mayor sinsentido es que después de pedir un informe a la Comisión Jurídica Asesora en el mes de mayo y después de que supuestamente, si hay que seguir lo de la Comisión Jurídica Asesora, se sigue hasta el final coherentemente… Y se dice que no, y que no, y que no vamos a pedir nada.

El 6 de agosto, justamente el mismo día que se presentan ante el Gobierno de Aragón nueve mil doscientas firmas pidiendo el objetivo, el mismo objetivo, señor Tomás… Dice: «¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?». Pues está bien claro: la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y, como nueve mil doscientas firmas pedían lo mismo el 6 de agosto, ese día, a alguien, en el Gobierno, le temblaron un poco no el pulso, que es firme, pero las piernas, y emitieron un comunicado público. Y se emitió un comunicado público que dice que el Gobierno entiende o manifiesta su comprensión por la indignación y malestar mostrados por la plataforma vecinal y los firmantes del escrito. Vale. Hasta ahí… Pero es que luego añade el comunicado oficial del Gobierno de Aragón que las personas que están en el Ayuntamiento de La Muela no deberían seguir rigiendo los destinos de La Muela, y concretan: «la alcaldesa y los concejales sobre los que pesan numerosas y muy graves imputaciones». Y añaden: «Dadas las circunstancias, entendemos que personas imputadas no deberían regir el destino de la localidad». Ese es un comunicado oficial del Gobierno de Aragón. Vale, de acuerdo, muy bien. Estamos todos de acuerdo. El Gobierno de Aragón también quiere eso. Y pregunto: ¿cuántos métodos hay para conseguir ese objetivo que quiere el Gobierno de Aragón, cuántas vías, cuántos caminos? Solo uno, solo uno que esté en la mano de alguna institución aragonesa. Solo en una institución. Solo está en su mano, en la del Gobierno de Aragón. Solo está en mano del Gobierno de Aragón solicitar aquello que pregona que quiere, señorías. Si el Gobierno de Aragón, haciendo uso de una hipocresía galopante, quiere eso y solo él puede llevarlo a cabo, concluyan ustedes. ¿Por qué el Gobierno de Aragón no da el paso, no lleva a cabo la actuación que la legislación estatal le permite? Y sí que el día que se presentan nueve mil doscientas firmas, ese día dice que comparte ese objetivo y que no deberían estar. Pues, si no deberían estar, señor Velasco –le digo a usted porque es a quien le oí yo ese día la voz suya en ese comunicado oficial del Gobierno de Aragón-, si ustedes están de acuerdo y creen que eso es lo que hay que hacer, ¿por qué no utilizan la única vía que no tienen ni las Cortes de Aragón ni ningún otro ciudadano, salvo ustedes? ¿Por qué no dan el paso? Dicen eso, hacen un comunicado oficial, usted lo lee, y hoy vienen aquí y dicen lo contrario.

Y querría aclarar una cosa. Hoy, precisamente, el portavoz de Chunta Aragonesista en esta tribuna quiere aclarar una cosa. Precisamente hoy, en que habría que hablar mucho sobre la división de poderes, ¿alguien ha dicho que no se respete y que no queramos ayudar alguno de estos grupos parlamentarios a la justicia? Presenten una proposición no de ley para que todos apoyemos a la justicia, y todos la apoyaremos. ¿Alguien ha puesto en cuestión el trabajo de la justicia? ¿Alguien ha puesto en cuestión la división de poderes, señora Herrero? No, no. Mi grupo parlamentario, lo que ha hecho es utilizar una vía que tiene el ejecutivo y decirle que la utilice. Y no hemos dicho para nada nada de la justicia ni de que… Parece que usted pone en cuestión que, si decimos esto, no podemos hacer lo otro. No, no, nada de eso. Porque ustedes dicen: «¡Luchemos contra la corrupción!». Pero, cuando tienen un instrumento para luchar contra ella, no lo quieren utilizar, señor Velasco, no lo quieren utilizar.

Acabo ya, señor presidente.

Dice el señor Tomás que este es un caso aislado. Claro, léalo. Es que nosotros no pedimos que se tiren todas las manzanas del canasto, del cesto. Decimos que ese hecho aislado que ustedes dicen, que se llama Muela, La -alfabéticamente, Muela, La; Marbella; Muela, La-. Bueno, pues ese, ese sitio, que es el hecho aislado y terrible -y fantoches, y no sé cuántas cosas han dicho…, y botarates y no sé qué-, ese, que ustedes lo apliquen y que lo saquen del cesto. No hemos dicho que todos los ayuntamientos sean no sé cómo: ¡si en eso estamos de acuerdo! Hemos dicho: este, el de La Muela, que se disuelva. Ustedes mismos verán cómo actúan, pero el cinismo y la hipocresía van galopando a medida que avanza la legislatura.

Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

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CHA INSISTE EN REFORMAR LA LEY PARA PODER APARTAR A CARGOS PÚBLICOS CORRUPTOS

Chunta Aragonesista presentará el jueves 26 de septiembre, en el próximo pleno de las Cortes, una proposición de ley para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal de forma que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción.

“Si el juez puede enviar a la cárcel provisionalmente a un imputado, privándole de libertad, ¿por qué no puede suspenderle de ejercer su cargo público también preventivamente”, se ha preguntado Soro, que ha insistido en que el jueves se vota la toma en consideración de la iniciativa, y que después se trata de mejorarla en el trámite parlamentario. “Para este primer paso sólo se necesita voluntad política, pero real, no de boquilla”, ha afirmado.

CHA ya presentó esta misma propuesta hace 3 años, a raíz del escándalo de corrupción de La Muela, pero PP-PSOE y PAR votaron en contra de su toma en consideración en las Cortes y lo mismo hicieron en el Senado: CHA presentó allí la iniciativa gracias al acuerdo de colaboración con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.

«¿Será este tercer intento el vencido?«, se ha preguntado Soro. Para CHA es urgente y necesario: “si no hubiéramos perdido tres años, ahora no habría imputados en cargos públicos o listas electorales, como sigue sucediendo, y la política habría ganado en transparencia y credibilidad ante la ciudadanía”, ha concluido José Luis Soro.

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CHA PIDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS CARGOS PÚBLICOS IMPUTADOS POR DELITOS

El Diputado de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, reclama que esta medida se incluya en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha anunciado el Gobierno de Zapatero. “Quienes están imputados por delitos cometidos en las instituciones no pueden estar ejerciendo el cargo. Esta reforma es fundamental si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política”.

CHA considera indispensable que, en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se incluya un cambio para impedir que los cargos públicos imputados por un delito cometido desde su responsabilidad institucional sigan ejerciendo su cargo mientras se investiga.

Para el Diputado de CHA en las Cortes de Aragón y Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, “nadie comprende que una persona esté siendo investigada por delitos cometidos desde su puesto y, a la vez, siga desarrollando la labor como cargo público” y ha recordado “la lamentable situación que se vivió con María Victoria Pinilla en la localidad de La Muela”.

CHA recuerda que ya se presentó esta iniciativa en el Senado pero fue rechazada. Para José Luis Soro, “ahora se presenta una oportunidad única para introducir esta reforma y para recuperar algo de la confianza de la ciudadanía”. La lucha contra la corrupción debe ser “una prioridad dentro de las instituciones”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, durante la fase de instrucción de un sumario, el juez pueda enviar a prisión provisionalmente a las personas imputadas por delitos de corrupción pero no que se las pueda apartar provisionalmente de su cargo público. CHA plantea que se incluya también esta segunda posibilidad, con las mismas garantías procesales que para la prisión provisional y los mismos requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza.

Soro recuerda que la medida propuesta por CHA ha sido bien recibida en los círculos judiciales, incluso el Juez Decano de Zaragoza manifestó públicamente que la consideraba “factible y positiva”, y que también la respaldó el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

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DEBATE 2010: NIEVES IBEAS, DE CARA AL FUTURO

Vía CHA en la Aljafería

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha terminado ya su intervención en el Debate de política general. A su discurso inicial (que podéis leer aquí), ha contestado el presidente Iglesias, y después ha habido un segundo turno de dúplica y réplica (podéis ver la transcripción completa e imágenes y vídeos en la página web de las Cortes).

Ibeas ha reivindicado la actividad política y ha instado a todos los partidos, pero especialmente a los de Gobierno por su plus de responsabilidad, a trabajar para acabar con la desafección y la desconfianza que la política ha generado entre la ciudadanía, y por eso ha reprochado al PSOE, al PP y al PAR que hayan rechazado este último año todas las iniciativas de CHA contra la corrupción:

“Desconozco cuánto le preocupa a Ud. esto, Sr. Iglesias, y el desprestigio de la actividad política, que la gente pueda pensar que sólo se entra aquí para chupar del bote, pero Ud. ayer no tuvo ni una palabra contra la corrupción. A Ud. y al PSOE se les ve muy cómodos echándole en cara al PP sus graves problemas en otras comunidades autónomas. Aquí, como la alcaldesa de la Muela era del PAR, prefieren mirar hacia otro lado. La ciudadanía les pedía un gesto contundente y no lo tuvieron”.

Por cierto, mañana día 15, se debatirá en el Senado la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por CHA para que quien tenga una imputación por delitos de corrupción sea apartado de su cargo público provisionalmente (ahora la inhabilitación es imposible durante la instrucción, sólo cuando hay sentencia).

La presidenta de CHA ha hecho un discurso reivindicativo, social, pegado a la realidad y en defensa de los valores aragonesistas y de izquierdas. Ha sido optimista con las posibilidades de Aragón pero pesimista con lo que este Gobierno actual puede ofrecer, por lo que ha dado por acabada esta etapa de coalición PSOE-PAR:

“Sr. Iglesias, necesitamos un proyecto de País ilusionante, que le devuelva a la gente el entusiasmo y las ganas de participar en el desarrollo de nuestra sociedad. Su Gobierno no puede ofrecernos nada nuevo. Ud. no ofrece nada nuevo. Ud. Sr. Iglesias, se siente ya parte del pasado.

Debemos mirar al futuro. La gente debe saber que las cosas pueden y deben ser de otra manera. Que es posible otro Aragón, un Aragón orgulloso de su identidad, de su historia y de su patrimonio, convencido de sus posibilidades. Que es posible un País desarrollado, equilibrado y sostenible., y desde CHA seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para hacerlo realidad.

Aquí estaremos, aquí nos encontrarán. Y está claro, Sr. Iglesias, que la cuenta atrás hacia nuevos tiempos ya ha comenzado”.

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EL SENADO DEBATE UNA PROPUESTA DE CHA PARA ECHAR A L@S IMPUTAD@S POR CORRUPCIÓN

Vía El Periódico de Aragón

El pleno del Senado tomará en consideración el próximo miércoles una propuesta impulsada por Chunta Aragonesista para expulsar de sus cargos públicos a los imputados por corrupción.

Se trata de una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público que ha sido registrada en la Cámara baja gracias al acuerdo de colaboración política de CHA con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds.

PRISIÓN PREVENTIVA DE CARGOS PÚBLICOS

Actualmente, esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión.

Una situación que, según la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, «permite casos como el de la alcaldesa de La Muela, que tras pagar una fianza millonaria, sigue en su sillón y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo» o de municipios como El Ejido, en Almería.

En una nota de prensa, CHA recuerda que PSOE, PP y PAR se opusieron el pasado 3 de junio a tomar en consideración en las Cortes de Aragón esta propuesta, con «excusas» como la de que el parlamento autonómico no era el foro adecuado.

«Vamos a ver qué hacen estos partidos en el Senado», ha afirmado Ibeas, para quien «debe ser una prioridad luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si estos resultan insuficientes, hay que buscar nuevas fórmulas, como la que recoge nuestra propuesta para que los jueces puedan apartar inmediatamente de la gestión pública a los corruptos».

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LAS VERGONZOSAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DE LA MUELA, POR ADRIÁN TELLO GIMENO, SECRETARIO DEL LIGALLO DE REDOLADA DE CHA EN BALDEXALÓN (VALDEJALÓN)

Vía Adrián Tello Gimeno

Ayer, 31 de julio de 2010, casi año y medio después que se destapara la presunta trama de corrupción del caso La Muela, más conocida como “Operación Molinos”, El Periódico de Aragón publicaba la siguiente noticia: “La DGA reclama 432.000 € por vía de apremio al Ayuntamiento de La Muela”. Dicha cantidad dinero corresponde a la famosa subvención que concedió el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y que presuntamente se desviaron hacia al equipo de fútbol…

Paradojas de la vida, el pasado 20 de mayo, en el Pleno de las Cortes de Aragón, los grupos que sostienen al Gobierno, es decir, PSOE y PAR, alegando que “no existían motivos jurídicos”, rechazaron una Proposición No de Ley (PNL), presentada por Chunta Aragonesista (CHA), para que el Gobierno de Aragón se personara como acusación particular en el procedimiento penal instruido en el Juzgado de La Almunia por el caso de corrupción en La Muela, entre otras cosas porque “el Instituto Aragonés del Agua tiene incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros en aplicación de la normativa general reguladora de las subvenciones”.

Cada un@ que saque sus consecuencias, pero mientras el Gobierno de Aragón sigue mostrando una enorme tibieza (por decirlo suavemente) para luchar contra la corrupción en La Muela y en Aragón, en el mismo periódico aparecía también otra noticia en la que aparecían los nombres y apellidos de la persona imputada número 42. En Marbella se procesaron a 86 personas a la espera de juicio. Aquí, ya nos vamos acercando, y por cierto, ¿La Alcaldesa? Pues ejerciendo la Alcaldía…

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EL GOBIERNO DE ARAGÓN DEBERÍA PERSONARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO DE LA MUELA

Chunta Aragonesista instará este jueves en el pleno de las Cortes al Gobierno de Aragón a personarse como acusación particular en calidad de perjudicado en el procedimiento penal instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina por presunta corrupción en el municipio de La Muela.

La personación del perjudicado en la causa le da derecho, entre otras cuestiones, a tomar conocimiento de lo actuado, instar la práctica de diligencias de prueba e intervenir en las mismas, formular recursos o ejercitar las acciones civiles y penales que legalmente procedan. “El consejero de Presidencia, Javier Velasco, reconoció en las Cortes que su Gobierno sólo conocía del caso lo que leía en los medios de comunicación, algo que nos parece irresponsable y absurdo” ha señalado la presidenta Nieves Ibeas, que recuerda que el Estado sí está personado por posibles delitos de fraude fiscal investigados en las diligencias previas.

“El propio Instituto Aragonés del Agua, entidad que ejerce las competencias de Aragón en materia hidráulica, tiene incoado, contra el Ayuntamiento de La Muela, un procedimiento de reintegro de subvenciones por valor de 432.737,61 euros por no haber sido empleado ese dinero para el fin acordado”, ha afirmado Ibeas, para quien sólo esta razón ya sería suficiente para que el Gobierno de Aragón se sintiera perjudicado “pero es que estamos hablando del mayor caso de corrupción en Aragón en muchos años”.

El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, como sucede en este caso, y así ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

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DEVOLVER LA CONFIANZA A LA CIUDADANÍA. POR NIEVES IBEAS VUELTA, PRESIDENTA NAZIONAL DE CHA Y DIPUTADA DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Pese a la impotencia que parecen defender otros partidos políticos, en CHA pretendemos que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos para reaccionar frente a la corrupción política y que las instituciones públicas estén dispuestas a hacerlo con toda la contundencia que exige la defensa de los principios democráticos.

Nuestro grupo parlamentario ha defendido en las Cortes de Aragón pronunciamientos conjuntos de todos los partidos en contra de la corrupción, pero PSOE y PAR han votado siempre en contra. Hemos intentado que el Gobierno inicie el proceso para la disolución del ayuntamiento de La Muela, un ayuntamiento invivible y totalitario en el momento actual, absolutamente destrozado, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza (que tuvo que pagar, y pudo hacerlo, 800.000 euros de fianza para salir de la cárcel, donde pasó cuatro meses en 2009, por la Operación Molinos), y el PSOE y el PAR han votado en contra.

Ahora, hemos registrado una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que se incluya la posibilidad de que el Juez Instructor pueda acordar de forma provisional la suspensión de empleo o cargo público en los mismos términos que puede acordarle prisión provisional. Ya veremos qué pasa, pero sería más que deseable que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo para que esta iniciativa resultara aprobada para que pueda llegar a votarse en el Congreso de los Diputados.

CHA no quiere desaprovechar ningún resquicio, porque entendemos que hay que buscar políticamente la manera de hacer frente a casos escandalosos como los que se están viviendo. Y es necesario que todos los partidos seamos contundentes contra la corrupción.

Es más, no puede ser que la ciudadanía siga pensando por más tiempo que “los políticos” son una de sus preocupaciones más serias, como se desprende de la lectura del último Barómetro de Opinión. Una preocupación mayor, incluso, que la corrupción, y ello, muy seguramente, porque se está asimilando “actividad política” o “políticos” con “aprovechamiento indebido de los cargos públicos”, “enriquecimiento”, “privilegios”, “falta de credibilidad”, etc.

¿Con qué excusa se puede votar en contra de una propuesta como la que acabamos de registrar? Si de verdad se cree en la necesidad de impedir situaciones como las que se están viviendo en La Muela o en otros lugares de dentro o fuera de Aragón, la verdad es que yo no la veo por ningún lado.

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CARTA ABIERTA A DON CAYO LARA MOYA, COORDINADOR GENERAL DE IU. POR ADRIÁN TELLO GIMENO

Vía Adrián Tello Gimeno

A la atención de Don Cayo Lara Moya:

Como bien sabrá, el pasado 20 de octubre de 2009, en la localidad andaluza de El Ejido se destapó una trama de corrupción más conocida como “Operación Poniente”. Dicha operación dio como resultado inicial la detención de 20 personas, entre ellas, el alcalde, que actualmente se encuentra en prisión.

Al día siguiente, usted, como Coordinado General de IU, con muy buen criterio, pidió la Disolución del Ayuntamiento de El Ejido, y el Grupo Parlamentario de IU LV-CA en Andalucía registró una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para instar a la Junta de Andalucía a que solicitara al Gobierno Central la Disolución de dicho consistorio, basándose en el Artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.

También, es consciente de que en El Ejido, se ha creado la Plataforma “Por la Transparencia” que recoge firmas para pedir la Dimisión del Alcalde y la Disolución del Ayuntamiento y que se ha concentrado y manifestado ya unas cuantas veces por las calles y plazas de la ciudad andaluza. IU ha apoyado desde el principio a dicha Plataforma, y en un acto de compromiso con la ciudadanía la ha felicitado públicamente, así como a las personas que han salido a la calle a manifestarse, la última vez hace muy pocas semanas.

Mientras su partido en Andalucía ha mantenido esta posición valiente y coherente, en Aragón, con la trama de corrupción desatada en La Muela, denominada “Operación Molinos” se ha manifestado en el sentido totalmente opuesto. Ha calificado la propuesta de disolución como “Golpe de Estado”, y su Coordinador General en Aragón, Adolfo Barrena Salces, en un artículo publicado el pasado 1 de octubre de 2009 en El Periódico de Aragón, titulado “La Muela no es Seseña”, calificó la PNL presentada por Chunta Aragonesista (CHA), solicitando la Disolución del Ayuntamiento de La Muela (Basada en el Artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y que es la misma que presentó IU en Andalucía) “como uno de los mayores despropósitos que pueden darse en nuestro sistema democrático”, a pesar de votarla favorablemente al final.

Es más, hoy, el Coordinador General de IU en Aragón, en la Rebotica, en Radio Zaragoza (Cadena SER), ante la polémica que se ha desatado entre la Alcaldesa de La Muela y dicha emisora de Radio, por la polémica de las obras del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), se ha vuelto a posicionar en la misma línea.

Don Cayo Lara Moya, usted parece buena gente y siempre estamos a tiempo para cambiar. Aunque su formación en Aragón no haya apoyado a la Plataforma Vecinal de La Muela, ni haya participado en la recogida de firmas, ni en las concentraciones y las manifestaciones, siempre se está a tiempo para sumarse al carro, como bien hacen en otros lugares. Muchas personas les estamos esperando con los brazos abiertos. Se lo dice una persona que se considera aragonesista de izquierdas.

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INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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OPERACIÓN «TOTEM», POR ADRIÁN TELLO GIMENO

Vía Adrián Tello Gimeno

Totana es una ciudad murciana de 28.976 habitantes. A finales de noviembre de 2007, se destapó una trama de corrupción urbanística, más conocida como Operación “Totem”. En dicha operación, fueron detenidos el alcalde -José Martínez Andreo-, la secretaria municipal, el jefe de la policía local, el ex alcalde y ahora diputado autonómico, su ex mujer y su actual compañera sentimental. Posteriormente hubo más detenciones. El alcalde, del Partido Popular, pasó dos meses en la cárcel, salió bajo fianza y volvió a ejercer el cargo como si no hubiera pasado nada. La ciudadanía murciana escandalizada por la situación. ¿No suena parecida la melodía a otra operación parecida desarrollada en una localidad de la comarca de Valdejalón, en Aragón?

El pasado mes de julio, el PSOE de Totana pidió al Congreso de los Diputados que disolviera el Ayuntamiento y que convocara nuevas elecciones, justamente el mes en que María Victoria Pinilla Bielsa, salió de prisión bajo fianza y se sentó en el sillón de la alcaldía de La Muela, como si la Operación “Molinos” no fuera con ella. Según fuentes del PSOE de la Región de Murcia, y en palabras de Juan Francisco Otálora, Secretario General del PSOE de Totana, “el empecinamiento del alcalde está perjudicando seriamente el desarrollo económico y el futuro de Totana; que la crítica situación económica de más de 80 millones de euros de deuda, y el clima de confrontación social que está provocando como estrategia de defensa son nefastos para la convivencia y para poder superar el complicado momento de un pueblo que tiene un alcalde imputado por nueve delitos gravísimos y que, de momento, ha estado dos meses en la cárcel“. ¿Sigue sonando la melodía igual?

Mientras tanto, en Aragón, el PSOE junto al PAR, rechazaron la semana pasada una Proposición No de Ley (PNL) de Chunta Aragonesista (CHA) para que el Gobierno de Aragón solicitara al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela.Don Carlos María Tomás Navarro, diputado socialista en las Cortes de Aragón, que casualmente es la persona que viene a La Muela a hacer los actos electorales del PSOE, en su defensa para rechazar la propuesta, calificó que esta iniciativa de CHA estaba “abocada al fracaso y al ridículo“. ¿También piensa que el PSOE de Totana y de la Región de Murcia ha hecho el ridículo?, ¿Piensa lo mismo el PSOE de Aragón del PSOE de Telde (Gran Canarias) que también en su día pidieron la disolución de su Ayuntamiento? Si Pablo Iglesias levantara la cabeza…

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PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

Vía CHA – Cortes de Aragón

El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

La jurisprudencia constitucional tiene declarado que el principio de autonomía local es compatible con la existencia de controles de la actividad de las Corporaciones Locales, especialmente en el supuesto en que pueda proceder la disolución de aquéllas por derivarse de su actuación un daño grave a los intereses generales que supongan un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (Sentencias del Tribunal Constitucional 4/1981, 117/1984, 187/1988 o 192/2000).

El citado precepto de la ley básica estatal prevé, además, que acordada la disolución será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

En este sentido, el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que, en los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año. Añade que, mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la diputación provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación. Por último, previene que las funciones de Alcalde o Presidente serán ejercidas por aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.

Expuesto el anterior marco legal, es indudable que la instrucción del sumario penal seguido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos a la citada Corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por la misma ha sido gravemente dañosa para los intereses generales.

En primer lugar, por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados. En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados, lo que no sólo supone un escándalo político, sino que, además, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. En tercer lugar, estas circunstancias provocan un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general.

Además de esta grave afección al interés general, el sumario ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de La Muela, por las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada, ha incumplido sus obligaciones constitucionales, en especial las de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación, y la de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, que imponen a los poderes públicos los artículos 47 y 45 de la Constitución.

En esta grave situación, el Gobierno de Aragón, único legitimado para ello, debía haber solicitado ya al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela, de modo que se designara una comisión gestora para la administración ordinaria de sus asuntos y, en su caso, se procediera a convocar elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación.

Al no haberlo hecho el Gobierno de Aragón, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente proposición no de ley:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que solicite al Consejo de Ministros, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la disolución de la Corporación Municipal de La Muela (Zaragoza).

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ACTO DE ENTREGA DE FIRMAS SOLICITANDO LA DIMISIÓN DE LA ALCALDESA

CHA va a respaldar mañana a la Plataforma Vecinal de La Muela en el acto de entrega de las más de 9.000 firmas con las que se solicita dignidad para el municipio de La Muela, así como la dimisión de la Alcaldesa, María Victoria Pinilla, y del resto de ediles del PAR.

En representación de CHA asistirán al acto Marisa Fanlo, Vicesecretaria de Política Interna y Comunicación; Gregorio Briz, Vicesecretario de Coordinación Institucional; José Manuel Latorre, Secretario de Movimientos Sociales y Participación; y Pedro Bartolomé Pérez, Coordinador del Ligallo de lugar de CHA en La Muela.

Adrián Tello, secretario del Ligallo de CHA en Valdejalón y miembro de la Plataforma, ha indicado que es “todo un éxito en un pueblo como La Muela, que vive dividido y en el que se soportan muchas presiones, recoger casi diez mil firmas solicitando la dimisión de la Alcaldesa y de los concejales del PAR, y pidiendo la disolución del Ayuntamiento.

En este sentido ha recordado que CHA, ante la vuelta de María Victoria Pinilla a su cargo como Alcaldesa de La Muela, presentó recientemente una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de Aragón a que pida al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento y la puesta en marcha de una Comisión Gestora, hasta que se celebren las próximas elecciones.

Tello ha indicado por último que “lo que se está viendo en La Muela es una vergüenza, ya que estamos ante personas que no tienen ninguna ética ni moral política y están aprovechándose de las lagunas que presenta el actual Estado de Derecho para continuar en sus cargos, a pesar de estar imputados en un proceso judicial y acusados de posible corrupción”.

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CHA SOLICITA LA DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

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CHA INSTA AL GOBIERNO DE ARAGÓN A QUE SOLICITE LA DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha presentado una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno central esta medida. Señala que «es muy grave que se pueda pensar que aquí vale todo. Esperamos que todos los partidos voten a favor de esta propuesta porque es inmoral que se permita que la Alcaldesa, imputada por gravísimos delitos relacionados con la gestión municipal, vuelva a dirigir el ayuntamiento como si no hubiese pasado nada».

CHA a dado a conocer la proposición no de ley presentada en las Cortes de Aragón en la que se pide al Gobierno de Aragón que solicite al Consejo de Ministros la disolución de la Corporación Municipal de La Muela.

Para la Presidenta de CHA y Presidenta del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, «un Gobierno de Aragón responsable debería haber evitado que la Alcaldesa de La Muela, imputada por graves delitos derivados de la gestión municipal, siga desempeñando su cargo como si no hubiese pasado nada. Es lamentable e inaudito que hayan permitido su vuelta al cargo». Para Nieves Ibeas «esta proposición no de ley refleja la demanda que la sociedad aragonesa tiene en la cabeza y en el corazón» y añade que «no se puede permitir que la política se convierta un todo vale».

Para Nieves Ibeas «la sociedad está reprobando esta situación, que es indignante, y el Gobierno de Aragón no puede seguir mirando para otro lado en este asunto». Y añade que «existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, tal y como está ocurriendo en La Muela, así que vamos a reclamar que lo haga».

Nieves Ibeas también señala que «el PSOE y el PAR han estado muy preocupados por defender la autonomía local. Desde CHA también apostamos por ella pero en casos como éste, la situación excede del ámbito del municipio así que tendrán que posicionarse ya que La Muela está siendo ejemplo de falta de dignidad política y mala gestión. Tampoco podemos olvidar las veces que han alabado la gestión de María Victoria Pinilla hasta el momento en el que la imputaron» y recuerda que «CHA lleva años denunciando que detrás de la imagen idílica de la localidad se esconden una gestión turbia, falta de servicios sociales y condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos/as, no sólo de los familiares y amigos/as de la Alcaldesa».

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