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DOSCIENTOS VECINOS Y VECINAS DE LA MUELA HICIERON “HISTORIA” HACE CINCO AÑOS…

Plataforma Vecinal de La Muela. Carlos Azagra 'El Jueves'

CARLOS AZAGRA, DIBUJANTE DE EL JUEVES

Mañana se cumplirán cinco años de la CONCENTRACIÓN que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2009 en el Edificio Pignatelli (Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza), en la que 200 vecinas y vecinos de La Muela, convocados/as por la Plataforma Vecinal, salimos a la calle, a luchar contra la corrupción, para devolverle la dignidad a nuestro PUEBLO, siendo la única manera la DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ya que hasta la fecha, desde el 18 de marzo habián sido imputadas 36 personas, entre ellas, la Alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa (Recientemente excarcelada), y dos de sus Concejales,Juan Carlos Rodrigo Vela (También recientemente excarcelado) y Fernando Miguel Barba Marcén. Aclarar que tanto la Alcaldesa como los Concejales referenciados, eran cargos públicos bajo las siglas del Partido Aragonés (PAR).

Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2009, el Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), rechazó la PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, sobre la solicitud de DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. La mencionada PNL contó con los votos favorables aparte de los del Grupo Parlamentario de CHA, con los del Grupo Parlamentario Popular (PP) y de IU, pero la mayoría absoluta de PSOE-PAR y su voto en contra, tiro la propuesta…

Para quienes quieran tener un poco de “memoria histórica“, y conocer el “pasado” de nuestro PUEBLOya que para algunas formaciones políticas. la historia polítca de nuestra localidad empieza a partir de mayo de 2011, tras las elecciones municipales, e incluso para alguna otra, a partir de mayo de 2014, tras las elecciones europeas, a un año justo de las próximas Elecciones Municipales…-, aquí está la transcripción de la Intervención de Chesús Bernal en el debate y votación de la Proposición No de Ley (PNL) NÚM. 230/09, sobre la Solicitud de Disolución del Ayuntamiento de La Muela.

INTERVENCIÓN DE CHESÚS BERNAL BERNAL EN EL DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 230/09, SOBRE LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy».[Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

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Vía El Blog de Nieves Ibeas Vuelta

Un año después de que se desvelara la trama del caso “La Muela”, el Gobierno de Marcelino Iglesias no ha hecho nada al respecto para luchar contra la corrupción. De hecho, en su respuesta pretendió asimilar la pregunta que le hacíamos desde CHA con la que le hacía el PP, y devolverme los mismos argumentos que a los populares.

Iglesias simuló indignarse ante las “verdades a medias” de la oposición, cuando para “verdades a medias”, las suyas, como se verá a continuación. Está claro que le viene bien el cara a cara con el PP, a quienes puede echarles a la cara los casos de corrupción que tiene la derecha por distintos lugares. Pero no le viene nada bien enfrentarse a CHA, porque en nuestro caso no tiene nada a lo que agarrarse.

En el Pleno del viernes, 26 de marzo, Iglesias dijo la frase que ocupa hoy los titulares: que no le gusta que Mª Victoria Pinilla siga siendo alcaldesa de La Muela. Ya… ¿y qué ha hecho para evitarlo?

Dijo también que su Gobierno había cumplido siempre la ley y siempre la había hecho cumplir, cosa que no es verdad, porque de ser así no habría pasado lo que ha pasado. Es más, el subdirector provincial de Urbanismo de Zaragoza, Carlos Martín Rafecas, imputado en la Operación Molinos (una forma más suave de llamar a la trama de corrupción política de La Muela), dejó de ser director de la ponencia técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 24 de marzo de 2009. Lo han llevado en silencio, pero es así, e Iglesias olvida que es responsable del Gobierno y de la Administración autonómica

El G.P. CHA ha solicitado 15 veces su comparecencia y por 3 aspectos distintos… Cerca de cuarenta veces se ha negado Iglesias a debatir abiertamente sobre el tema en las Cortes a petición de CHA, por no mencionar la pregunta que se nos censuró el pasado mes de septiembre…

En septiembre de 2009, mi grupo parlamentario propuso enviar un mensaje conjunto a la sociedad aragonesa contra cualquier clase de corrupción, un momento en el que los escándalos de La Muela y de ASAEL estaban en boca de todo el mundo, pero el PSOE y el PAR se negaron, con la excusa de que había que dejar trabajar a la justicia. ¿Y no hay acaso responsabilidades éticas y políticas en juego? ¿No hay nada que explicar? La gente piensa lo contrario.

Durante este tiempo hemos visto a cargos públicos entrar a la cárcel y salir para volver a ocupar los puestos desde los que supuestamente cometieron delitos. Y mientras tanto, el Gobierno de Marcelino Iglesias y de José Ángel Biel, mirando para otro lado. En el PAR lo entiendo: presumían de su alcaldesa (que llegó a serlo con las siglas del PAR) hasta hace año y medio, aunque ahora se esfuercen en simular que no la conocen. Aún recordamos en las Cortes las alabanzas del Vicepresidente Biel ante lo que él mismo se obstinaba en presentar como el auténtico modelo de la gestión municipal. Esa es la forma de hacer política del PAR.

Pero esperábamos que Iglesias y el PSOE hicieran el ejercicio público de transparencia y honestidad que su propio partido reclama en muchos otros lugares, y no lo han hecho. Han preferido proteger al socio, o a quien sea, porque no lo sé.

CHA lleva años denunciando en La Muela (con Adrián Tello y Pedro Bartolomé y otros compañeros y compañeras a la cabeza) y en las instituciones donde tenemos presencia (Cortes de Aragón incluidas) que no se estaban haciendo bien las cosas en ese ayuntamiento, y me pregunto qué esperaba Iglesias que hiciéramos, ¿callarnos? ¿Callarnos, viendo que la gente está perdiendo confianza en la política y en los políticos? ¿Callarnos, viendo que parece que lo más normal del mundo sea aferrarse al sillón aunque haya que pagar fianzas de cientos de miles de euros?

¿Eso hubiera hecho el PSOE en nuestro lugar? Pues ni nos hemos callado hasta ahora, ni nos vamos a callar, porque hay que devolverle la confianza a la gente. Y por pura dignidad. Hay maneras y maneras de entender la política y la nuestra no es ni la de la alcaldesa Pinilla, ni tampoco la del Gobierno PSOE-PAR, que siempre está esperando a que escampe, en vez de tomar decisiones, con cualquier tema: con éste, con los bienes, con la crisis…

Iglesias dice ahora que no le gusta que Pinilla siga de alcaldesa, pero no ha hecho nada para evitarlo, y algún que otro piropo le dirigió incluso en otros tiempos. CHA propuso la única solución posible para evitar que la alcaldesa siguiera de hecho en su puesto: disolver del ayuntamiento de La Muela. La decisión final es del Consejo de Ministros, pero el Gobierno PSOE-PAR ni siquiera quiso intentarlo. ¿Por qué?

Es más, Iglesias dijo ayer algo que es radicalemente falso: dijo que los miembros de la Comisión Jurídica Asesora (actual Consejo Consultivo de Aragón), que informó desfavorablemente de la posibilidad planteada por CHA, no son nombrados por el Gobierno (para argumentar su independencia), cuando a todos ellos los nombra el Gobierno mediante Decreto. Precisamente CHA quería que fueran nombrados en su mayor parte por el Parlamento autonómico, pero PSOE, PP y PAR se opusieron, de manera que hay lo que hay. ¿Ni siquiera controla eso el presidente del Gobierno?

En fin, ¿qué ha hecho el Gobierno en todo este tiempo? La alcaldesa sigue diciendo que no ha hecho nada que no le permitieran… ¿Es cierto eso? El viernes, Iglesias no lo negó ni lo afirmó, como siempre.

¿Qué han investigado en este tiempo y cuántos expedientes sancionadores por el incumplimiento de la legislación urbanística tienen encima de la mesa? ¿Cómo es posible que se pueda seguir construyendo sobre espacios protegidos, vendiendo suelo impunemente y empobreciendo al pueblo de La Muela? ¿Qué pasa con esas subvenciones de su Gobierno a proyectos sin realizar? ¿Nos quieren decir que tal vez hay alguien en el Gobierno de Aragón que otorga patentes de corso para hacer lo que le apetezca? ¿Quién es?…

Fueron muchas las preguntas formuladas, ninguna respuesta clara, y muchas verdades a medias… y esto no se soluciona con una pregunta de cinco minutos, por mucho que venga cada tres meses. Iglesias lo sabe bien, y negarse a comparecer no hace más que aumentar las sospechas de que las cosas no se han hecho ni se siguen haciendo bien.

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CHA preguntará en el próximo pleno los motivos por los que se ha tardado un año en cesar a este imputado y la la labor inspectora del Gobierno de Aragón en el urbanismo de La Muela, donde, por ejemplo, un hijo de la alcaldesa sigue construyendo una casa en una zona acotada por el Ministerio de Defensa.

Chunta Aragonesista quiere conocer los motivos por los que el Gobierno de Aragón ha cesado ahora a Carlos Martín Rafecas como director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, y no antes, ya que lleva casi un año imputado por tráfico de influencias en la Operación Molinos, que investiga irregularidades cometidas desde el Ayuntamiento de La Muela. CHA ha registrado ya una pregunta oral al consejero competente, Alfonso Vicente, que deberá contestar en el próximo pleno de las Cortes.

“La Ponencia Técnica es muy importante porque es la que prepara los asuntos y elabora las propuestas de resolución para cada reunión de la Comisión, y su director es designado por la dirección general responsable de Urbanismo”, ha explicado el diputado Bizén Fuster, que recuerda que, a pesar de este cambio, Martín Rafecas seguirá siendo miembro de la Comisión y ocupando el cargo de subdirector provincial de Urbanismo.

Esta no será la única cuestión sobre la que CHA solicitará información al Gobierno en relación con La Muela, donde, al parecer, se sigue construyendo en la zona de seguridad del oleoducto militar Rota-Zaragoza acotada por el Ministerio de Defensa. De hecho es el propio hijo de la alcaldesa quien sigue levantando allí su casa, a pesar de que en 2008 Defensa ya multó tanto al marido de la alcaldesa de La Muela y a su otro hijo con 60.000 euros por ubicar allí sus viviendas en esa zona. “Teniendo en cuenta que el departamento competente en Urbanismo puede ejercer amplias funciones inspectoras y proponer incluso sanciones si no se cumple la legislación urbanística, pediremos al consejero que explique qué actuaciones ha realizado al respecto en este último año para evitar, por ejemplo, casos de este tipo”, ha explicado Fuster.

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